Hoyo negro económico

Tres hechos separados por varios kilómetros entre sí, en espacio y tiempo han puesto en jaque a la libertad de empresa en Oaxaca y echan por tierra el milagro oaxaqueño sofocando cualquier intento oficial, empresarial o individual por sacar a nuestra tierra del hoyo negro económico.

El primero: la literal invasión a una empresa seria, de tradición en nuestro estado, la embotelladora Gugar, que afronta un verdadero chantaje de grupos de presión en busca de dinero con el presunto San Benito de apropiación de terrenos comunales y explotación irracional del agua de la comunidad de San Bartolo Coyotepec, al sur de la capital.

El martes la comunidad de Santa María Xadani vivió un incendio político-social a causa de un enfrenamiento de grupos antagónicos, dado que una empresa cervecera pactó “exclusividad” con el presidente municipal en turno, el edil priista Óscar Sánchez Guerra, quien resultó ganador de una elección extraordinaria en 2017 y fue reelecto en los recientes comicios.

El tercer hecho lo difundieron ayer grupos sociales que, tras 9 años de litigio, el Tribunal Unitario Agrario calificó de ilegales 11 contratos entre la empresa eólica española Desarrollos eólicos Mexicanos, filial de Renovalia con comuneros de Unión Hidalgo, también en el Istmo de Tehuantepec. De los tres, está última fue resolución jurídica, el camino por el cual se deben dirimir todos los litigios si se hace prevalecer el estado de derecho.

En el caso de Gugar son de nueva cuenta los hermanos Sosa Villavicencio la mano que mece la cuna contra la embotelladora oaxaqueña. Con 40 años de vida, creada en 1982, Gugar no es una “transnacional”, las cuales han sido el objetivo de quienes han confrontado a comunidades y llevaron, por ejemplo a la disolución de la mancomunidad y propiciaron una guerra del agua entre San Pedro y San Pablo Ayutla y Tamazulápam del Espíritu Santo, en la Sierra Norte.

A través de Comuna, su brazo ejecutor, los Sosa han atizado la violencia y generado conflictos en Santiago Amoltepec, Santa María Zaniza, Santo Domingo Teojomulco o Santiago Textitlán, y obstaculizado el arreglo entre San Sebastián Nopalera y Zimatlán de Lázaro Cárdenas.

Alguien está moviendo los hilos en contra de Carlos Guzmán Gardeazabal, actual presidente de la Canacintra; el grupo de los Sosa busca reposicionarse en la entidad y, además, en el Congreso al crear su bancada de la Cuarta Transformación, en contraposición del grupo del gobernador electo, Salomón Jara.

Están jugando a las vencidas y mostrar el músculo para ubicarse en posiciones político-sociales ante la nueva administración. Ese es uno de los móviles del ataque a Gugar.

En el Istmo, prácticas comerciales que rayan en la ilegalidad han impuesto a los istmeños la marca y el tipo de cerveza a consumir. Aliados, en complicidad o en franca corrupción con autoridades locales imponen mini monopolios, evitando la entrada a marcas refresqueras, cerveceras o de diversos artículos. Hace poco un conflicto similar se vivió en Santo Domingo Ingenio.

Hace muchos ayeres un monopolio similar contribuyó a fincar el imperio caciquil del priista Carlos Sansores Pérez en Campeche, al imponer a la Pepsicola como única firma e impidiendo el acceso de la Coca-Cola al estado. La influencia del gobernador se extendió por los años 70 y 80 y aún persiste. Es padre de Layda Sansores, la cuestionada gobernadora morenista de Campeche.

¿Qué es lo peor del caso? Las cerveceras que confrontan a las comunidades ni sudan ni se acongojan y, además, ni siquiera son mexicanas. ¡Imagine usted lectora-lector! si se hace realidad esa propuesta de Andrés Manuel López Obrador de que las embotelladoras dejen el norte y se establezcan en el sureste.

Por su parte, la decisión de los tribunales contra la eólica francesa Electricité de France (EDF) es un duro golpe a la inversión extranjera directa para Oaxaca que tiene en la generación de energía en uno de los principales rubros, de acuerdo con datos del Inegi.

En este caso, si se violaron las leyes, para eso existen tribunales para dilucidar las controversias. Pero este caso, al igual que la invasión a Gugar y el monopolio cervecero en Xadani, ponen en entredicho la seguridad para las inversiones que, sencillamente, buscarán una mejor plaza para el arribo de capitales y no la convulsa realidad social y política que enfrentan en Oaxaca.

LOS MUERTOS DE JUCHITÁN

Otra raya más al modelo de seguridad en Oaxaca se difundió ayer por la noche en uno de los noticieros nocturnos de la televisión mexicana con cobertura nacional. En 3:37 minutos se da cuenta de escenas en donde los pobladores de Juchitán recogen a sus muertos, asesinados en enfrentamientos, ejecutados y víctimas de la desbocada violencia en el lugar.

Cumpliendo con sus tradiciones de enterrar a sus muertos y no cremarlos, velarlos en casa, no dejan a autoridades ministeriales el levantamiento de los mismos para investigaciones. Ante la mirada de policía municipal a cargo de Emilio Montero, de la policía estatal, cuya presunta responsable es la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca, Dalia Baños Noyola o elementos de la Guardia Nacional, los deudos llegan a la escena del crimen, rompen o violan acordonamientos y se llevan el cuerpo de sus familiares.

Incluso, es posible ver que trasladan a los ejecutados en los mismos vehículos en que han sido asesinados, violando los protocolos de investigación y cometiendo un nuevo delito. El argumento: las autoridades nunca investigan, hay una elevada impunidad y para evitar que “se abran” los cuerpos de los familiares para realizar la autopsia.