Causa sorpresa que las autoridades ministeriales, en este caso la Fiscalía General del Estado, guarde silencio ante prácticas que están a todas luces fuera de la ley. Nos referimos a la costumbre, ya hecha institución entre los pobladores de Juchitán de Zaragoza, de levantar a sus muertos, cuando éstos han fallecido de manera trágica, sobre todo asesinados y llevar los cadáveres a su domicilio. No importa si la Policía ya acordonó con la cinta de seguridad el lugar de los hechos en espera del levantamiento del o los cuerpos. La familia llega y burlando la vigilancia policial, si es que la hay, levantan los cuerpos sin más y los suben, incluso a moto-taxis, borrando evidencias que pudieran servir, eventualmente, para dar con los criminales. No importa las circunstancias en las que hayan fallecido, dicha acción, a todas luces contra la ley, se ha vuelto ya un uso y costumbre que entorpece y no contribuye, a la labor de las autoridades policiales y de justicia.
Hay que recordar el zona caso del triple homicidio, cuando sujetos desconocidos quitaron la vida a quien fuera candidata a concejal de dicha población, Pamela Terán. Sin embargo, sólo fue recogido su cadáver y el de su pariente y chofer, Adelfo Guerra, no así de la tercera persona, que resultó ser nuestra compañera Sol Cruz. Se trata de una acción ilegal y en abierto desafío a la norma. Nadie puede, por más que argumente ser pariente, madre, padre, hermano, etc., levantar un cadáver sin la presencia de la autoridad quien dará fe del hecho. Mucho menos llevarlo subrepticiamente a su domicilio. Ello implica –insistimos- borrar evidencias, entorpecer las labores de las autoridades y en lugar de encontrar a los culpables de dichos ilícitos, encubrirlos ignorando huellas y otras pruebas periciales.
Si bien es cierto que una cantidad considerable de homicidios dolosos que se dan en Juchitán están ligados con operaciones de narco-menudeo, asaltos y otros, las autoridades no deben permitir más acciones como las que mencionamos. Es necesario aplicar la ley, que nadie tiene derecho ni razón de quebrantar. He ahí el por qué dicha población asemeja un pueblo sin ley, en donde cada quien hace lo que le place. En los últimos días de diciembre una empresa de súper mercados cerró operaciones hasta nuevo aviso, porque una organización había bloqueado sus instalaciones, tomando como bandera el despido de un empleado.
Veda necesaria
En los últimos días se han presentado hechos violentos, ante la insistencia de organizaciones sociales y grupos, de introducir moto-taxis en ciertas cabeceras municipales de la entidad, caso concreto Pinotepa Nacional y San Pedro Pochutla. En el caso de la primera se han dado bloqueos carreteros, quema de unidades y violencia exacerbada. No ha sido una sino varias ocasiones en que taxistas realizan acciones de protesta para evitar la entrada de dichas unidades. En lo que se refiere a Pochutla, durante los últimos días de diciembre del año que transcurrió, hubo protestas para evitar que la plaga les afecte. Es sabido de todos que dichas unidades conllevan, como es el caso de Juchitán y los alrededores de la capital oaxaqueña, operaciones ilegales como narcomenudeo, secuestros y otros. Es un medio de transporte barato aunque inseguro. Los enfrentamientos y la movilización son señas indiscutibles de este medio de transporte.
He ahí el por qué en muchos municipios que se han blindado prácticamente de las moto-taxis, justamente porque conllevan problemas de inseguridad. Desde que se pusieron en marcha, durante el gobierno de Ulises Ruiz (2004-2010), siempre criticamos la autorización. Y es que aún no se terminaba de poner orden en el transporte concesionado de taxis y camionetas, para echarse encima algo masivo, que a la fecha opera prácticamente sin control, no obstante los operativos que ha instrumentado el gobierno, a través de la Secretaria de Movilidad (Semovi) y la Secretaría de Seguridad Publica (SSPO). Por una unidad legal circulan dos piratas. Pero sus operadores, manipulados por organizaciones de corte político, están prestos para la movilización y la violencia.
Por ello, muy a tono la información que circuló en los últimos días de 2019, en el sentido de que seguirá la veda de parte de la Semovi para autorizar concesiones y permisos para la operación de más moto-taxis, en las cabeceras cuyas autoridades se han blindado ante la posible operación de las mismas. Hay que subrayar por ejemplo a Salina Cruz que, pese a las presiones de organizaciones y grupos, no ha dejado penetrar una sola unidad en su jurisdicción. Otras cabeceras municipales más son Miahuatlán de Porfirio Díaz y Matías Romero, entre otras. Y habrá que respetar la decisión de dichas comunidades. Simplemente quieren evitar que los problemas de seguridad se agudicen o que las unidades referidas contribuyan a elevar el índice de criminalidad, de por sí preocupante.
