• Inquietud Zoque
• Demanda Triqui
La detención de siete elementos de la Policía Municipal de San Miguel Panixtlahuaca, señalados por su presunta responsabilidad en el homicidio calificado de un niño de 10 años de edad, exhibe la podredumbre en que se encuentran varias corporaciones policiales en municipios del estado. Los hechos se registraron el pasado domingo 18 de enero en el Barrio de Guadalupe y según la Vicefiscalía Regional de la Costa, el menor de edad se encontraba en las inmediaciones de una cancha de fútbol cuando arribaron las patrullas municipales. Al ser requeridos por el Ministerio Público para comparecer, los policías y su comandante opusieron resistencia e incluso algunos llegaron a enfrentar físicamente a los investigadores de la Fiscalía Estatal. En nuestro estado los abusos policiales no son hechos aislados ni errores individuales: son el reflejo de un problema estructural profundamente arraigado en las instituciones de seguridad pública.
A lo largo de los años, diversas denuncias han evidenciado el uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, tortura, intimidación y criminalización de la protesta social, especialmente contra comunidades indígenas, defensores de derechos humanos y movimientos sociales. La policía, cuya función debería ser la protección de la ciudadanía, ha operado en múltiples ocasiones como un instrumento de represión. Las manifestaciones pacíficas suelen ser respondidas con violencia desproporcionada, mientras que las víctimas enfrentan un sistema que rara vez investiga o sanciona a los responsables. Esta impunidad perpetúa el abuso y normaliza la violación de derechos humanos como práctica cotidiana.
La situación es grave en comunidades marginadas, donde la presencia policial no garantiza seguridad, sino miedo. El racismo estructural y la desigualdad social agravan la vulnerabilidad de estas poblaciones, que enfrentan hostigamiento constante sin acceso efectivo a la justicia. Cuando denunciar implica represalias o indiferencia institucional, el silencio se vuelve una forma forzada de supervivencia.
La falta de mecanismos de rendición de cuentas, la opacidad en los procesos disciplinarios y la escasa voluntad política para reformar las corporaciones policiales consolidan un modelo de seguridad fallido.
… A VUELO DE PÁJARO
A través del Comité Nacional para la Defensa y Conservación de Los Chimalapas, comuneros zoques denunciaron que los días 8 y 13 de enero ocurrieron dos intentos de ataque por civiles armados con presunto vínculo con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) con la intención de ingresar a las congregaciones Nuevo San Andrés y Chocomanatlán. Solicitaron a la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) gestionar ante los gobiernos estatal y federal la instalación de una base militar permanente pues consideran que es la única forma de frenar las presuntas amenazas.
Revocación
Todo dispuesto para que este domingo se celebre el ejercicio de revocación de mandato. Y para que cumpla su propósito, es indispensable que el proceso sea accesible, informado y genuinamente impulsado por la ciudadanía, no por intereses partidistas o grupos de poder. Existe el riesgo de que este ejercicio se convierta en una simulación democrática y reduzcan el mecanismo a un trámite político sin consecuencias. En Oaxaca, un estado atravesado por profundas desigualdades sociales, diversidad cultural y una larga historia de conflictos sociales, la revocación de mandato debe responder a las demandas concretas de la población: combate a la corrupción, mejora en la seguridad, respeto a los derechos humanos, atención a las comunidades indígenas y transparencia en el uso de los recursos públicos. Si el ejercicio no se traduce en una evaluación crítica del desempeño gubernamental, perderá legitimidad y credibilidad.
Diálogo
Al cumplirse cinco años de que más de 500 familias fueran desplazadas de Tierra Blanca Copala, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui Independiente (MULTI), emplazó al gobernador, Salomón Jara Cruz y Secretaría de Gobernación, garanticen el retorno seguro de las familias desplazadas en la zona Triqui de Oaxaca. Planten la instalación inmediata de una mesa de trabajo para retomar de manera seria, efectiva y vinculante los trabajos necesarios para el retorno seguro y digno de las familias, hacer efectiva la Ley de Desplazamiento Forzado con medidas reales de restitución, reparación y garantías de no repetición.
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Volveremos
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