Son muchas las cosas que podemos hacer para recuperar la presencia perdida de la abogacía en la vida pública y privada.
Las sociedades más adelantadas, más prósperas y equitativas del mundo -ya sean ciudades o países- comparten el rasgo de una ciudadanía informada, responsable y participativa.
Y esas tres cualidades forman parte de lo que en las ciencias sociales se llama cultura política.
Si la democracia entraña la idea de que todos participemos en la toma de decisiones, es menester que nuestra decisión personal sea informada para ser responsable.
Y para que sea responsable requiere también que los ciudadanos seamos conscientes de nuestros derechos y de las obligaciones que las leyes imponen a nuestras autoridades y representantes electos.
Solo en estas condiciones nuestra participación se traduce en exigencia y el actuar de las personas investidas de poder encontrará un freno natural en la naturaleza vigilante de una ciudadanía atenta y demandante.
Son esencialmente -salvo la mejor opinión de usted amable lector- tres las profesiones que mejor ayudan a configurar la cultura política: el derecho, la ciencia política y la sociología.
Quien incursione en ellas y en su difusión estará contribuyendo a formar ciudadanía.
El abogado no es solo un técnico que sable aplicar las normas a la solución de problemas de la gente ante los tribunales.
Los abogados son quienes -como nadie- deben conocer cómo funciona y como se arregla la sala de máquinas del poder que está siempre subordinado a la ley.
Los politólogos son los que entienden y saben explicar (fundamentalmente desde el método comparativo) los fenómenos relacionados con el ejercicio del poder en su práctica.
Y los sociólogos son quienes de mejor manera entienden y traducen los fenómenos que se dan en el cuerpo social.
Son disciplinas de las ciencias sociales que, de un tiempo a la fecha, han sido desplazadas en la toma de decisiones, ahí donde las decisiones realmente se toman.
Primero, con la llegada de los economistas neoliberales al poder en México a finales de los 80’s y luego con el ascenso de una masa informe de no especialistas a los gobiernos y los parlamentos, abogados, politólogos y sociólogos quedaron como una reacción contestataria en las márgenes del poder y a veces ni eso.
Los abogados regresaron a los despachos o se refugiaron en los tribunales y en las fiscalías para hacer trabajo técnico; mientras que politólogos y sociólogos regresaron a las universidades o a los medios de comunicación a rumiar su exclusión.
Es tiempo de que las ciencias sociales regresen a cumplir la misión que protestaron en sus exámenes profesionales.
No se trata de que presidentes, gobernadores y legisladores sean solo abogados, sociólogos o politólogos.
Pero sí necesitamos la presencia de todos ellos en los procesos de toma de decisiones y por supuesto que necesitamos más sociólogos, politólogos y abogados ejerciendo el poder y nos solo como asesores.
¿Qué podemos hacer? Un buen comienzo sería opinar, generar opinión pública desde las herramientas de nuestras profesiones (desde los primeros años de la universidad), hacer activismo social y político; y defender las mejores causas para enseñar al pueblo que las decisiones no deben tomarse a lo tonto, sino con ciencia; con ciencia social.
*Magistrado Presidente de la Sala Constitucional del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca.
