En reiteradas ocasiones, los conatos de enfrentamiento entre las comunidades de Tamazulapan del Progreso y Ayutla, ambas en el distrito Mixe, por la disputa de un manantial, han sido motivo de notas periodísticas. Sin embargo, tal parece que a las autoridades responsables de la seguridad y la paz social en la entidad, es decir, de la Secretaría General de Gobierno, les interesa poco la contención de este conflicto que, desde hace al menos un par de semanas, amenazó con devenir sangriento. El pasado lunes se dieron dos enfrentamientos, con el saldo preliminar de una persona fallecida, varios heridos y personas retenidas, incluyendo un elemento de la Policía Estatal herido. Es importante subrayar que dicha corporación llega a los escenarios de violencia, sin intervenir siquiera para paliar los ánimos violentos. Se desconoce el protocolo por el cual no interviene, pese al uso en algunos casos, de armas de fuego entre los rijosos, que ocasionan a los adversarios heridas mortales y hasta desenlaces fatales. La salida fácil del gobierno, luego de los conatos de violencia, es sentar a los munícipes o agentes municipales para que se tomen la foto felices y contentos, en ficticios acuerdos de paz, lo cual, más tarde que temprano muestra la falsedad de dichos acuerdos.

El lunes pasado, los heridos ingresaron a diversos hospitales en la capital oaxaqueña. No obstante, lo que más lacera a la sociedad es que los instigadores y responsables de los enfrentamientos nunca sean castigados y llamados a cuentas. Por el contrario, siguen alentando entre sus paisanos odios criminales. Sólo hay que recordar que hace al menos un mes, comuneros de Santiago Lachivia, del distrito de San Carlos Yautepec, emboscaron a sus vecinos de San Pedro Mártir Quiechapa, con un saldo de cinco personas muertas. Ha pasado el tiempo. Los deudos velaron y enterraron a sus muertos, sin que uno solo de los criminales haya sido detenido. Hay que recordar que no fue por problemas de límites, sino por la precaución de los primeros en cuidar sus cultivos ilícitos que hoy permean en toda la zona chontal. Teniendo aún encima la falta de investigación de dicho acontecimiento criminal, tenemos de nueva cuenta otro escenario, del que el gobierno estatal, así se ha percibido, simplemente se ha encogido de hombros de una manera irresponsable. Los crímenes cometidos, como el del sábado pasado en el paraje Las Cruces, de San Juan Mixtepec, en donde fueron asesinadas cinco mujeres, que luego fueron incineradas, tienen todo para convertirse en un tema de carácter internacional.

Libertad de expresión bajo fuego

La celebración del Día de la Libertad de Expresión, como se acostumbra en el país, desde hace algunos años, se da en medio del luto y la indignación que recorre México de sur a norte y de este a oeste. Los agravios a la libertad de expresión mediante el homicidio, amenazas, tortura, abuso de autoridad, tentativas de homicidio, privación ilegal de la libertad, secuestro, lesiones, robo, daño en propiedad ajena, intimidación, allanamiento de morada e intervención de comunicaciones privadas en contra de periodistas en México son asunto cada vez más frecuente, más peligroso y, aun así, no se les toma en serio. En inconcebible que sólo en la última década, los homicidios de periodistas se cuenten por cientos. El asesinato de Miroslava Breach y luego el de Javier Valdez, uno en Ciudad Juárez y el otro en Culiacán, fueron algo así como la gota que derramó el vaso en la cadena de crímenes, cuyas víctimas han sido periodistas. Hace poco menos de un mes, cuando el Centro de Estudios Estratégicos de Londres, en su informe anual, calificó a México como el segundo país más inseguro del mundo, después de Siria, el gobierno federal protestó airadamente.

Diversos organismos no gubernamentales como la Sociedad Interamericana de Prensa -la SIP- o la Organización Mundial de Periódicos, conocida como WAN, han coincidido en calificar a México como un país en donde ejercer la libertad de expresión en un asunto de vida o muerte. En este entorno de violencia en contra de los periodistas, Oaxaca figura como una de las entidades más inseguras para ejercer el oficio. Sería interesante conocer las medidas que habrá de establecer el actual gobierno para garantizar la libertad de prensa y el derecho a la información. Al menos, ése fue el compromiso que asumieron los ejecutivos estatales, en su reciente reunión de la Conferencia Nacional de Gobernadores, la CONAGO. Dice un colega que: “Un gobierno que no cuida a sus periodistas, que no cuida a sus libertades y que no genera las condiciones de trabajo para la libertad no puede decirse ni democrático ni consolidado, y sí es un gobierno desarticulado y débil”. En efecto, como lo sostuvo la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), hace más de dos década en la llamada “Declaración de Chapultepec”: no puede llamarse democrático un país, en donde se conculcan las libertades; en donde se acota la libertad de expresión y el gobierno simplemente finge demencia.