TRANSPARENCIAS: Crisis en el Perú

BRICIA YOLANDA ARAGÓN VALDIVIA

En esta semana se vivió en Perú una delicada crisis política, pues el Congreso de ese país destituyó el miércoles pasado al presidente izquierdista Pedro Castillo por “incapacidad moral”, ignorando la decisión del mandatario de disolver el Parlamento. La destitución de Castillo fue aprobada por 101 votos de un total de 130 congresistas. La votación se realizó en la sede del Congreso y fue transmitida en directo por la televisión, así que mientras esto sucedía, el mundo entero se enteraba de forma casi inmediata: ventajas de la tecnología de hoy.

La presidencia de Pedro Castillo en Perú terminó en unas cinco horas en las cuales, el ahora expresidente, disolvió el Congreso, declaró el Estado de excepción y el toque de queda, ordenó reorganizar el Poder Judicial e informó que gobernaría por decreto. Todo, en medio de una larga diatriba contra los medios.

Castillo había sido convocado al Congreso para que respondiera a acusaciones de “permanente incapacidad moral” para gobernar, en medio de varias investigaciones de fiscalía de presunta corrupción.

Lo que quiso evitar fue la votación de juicio político (la tercera) en el Congreso, acusado de múltiples delitos de corrupción, en un esquema en el que participaban su esposa, su ahijada, sus hermanos y algunos funcionarios de su gobierno, varios de ellos convertidos en testigos de la fiscalía. Castillo ya no tenía apoyo de nadie, ni de su partido. Intentó un autogolpe de Estado, similar al que, en el pasado, realizó Alberto Fujimori, con la diferencia de que los mandos militares y policiales decidieron, en esta ocasión, hacer respetar la Constitución.

Castillo fue detenido en una acción dirigida por la fiscalía peruana al violar fehacientemente la Constitución de ese país. Cabe destacar que Castillo llegó al poder en julio de 2021 y con este movimiento, luego de anunciar un “gobierno de excepción”, pretendía convocar en breve plazo a elecciones legislativas con la finalidad de elaborar una nueva constitución en un tiempo no mayor de nueve meses.

No obstante, las fuerzas armadas peruanas y la policía no lo respaldaron y el Congreso procedió a destituirlo. La vicepresidenta Dina Boluarte, una abogada de 60 años, tomó posesión el mismo miércoles como jefa de Estado y gobernará hasta julio de 2026, cuando estaba previsto el fin del mandato de Castillo. Será la primera mujer en presidir Perú.

De forma casi inmediata el gobierno norteamericano avaló las medidas tomadas por los congresistas peruanos, pues son acordes a las reglas democráticas. Presidentes de países como Luis Ignacio Lula -aún presidente electo- de Brasil, Boric de Chile y Alberto Fernández de Argentina condenaron las acciones de Castillo; siendo sólo el presidente mexicano López Obrador y Gustavo Petro de Colombia quienes se solidarizaron con él soslayando que Castillo trató de dar un golpe de Estado sin éxito.

En suma, el Congreso peruano se reunió, destituyó a Castillo, le dio posesión a su vicepresidenta, Dina Boluarte, y fue la propia custodia de Castillo la que lo detuvo, poco antes de llegar a la embajada de México, en Lima, donde pensaba pedir asilo, según le había informado al propio presidente López Obrador, con quien habló minutos antes de anunciar su intento de autogolpe de Estado.

Antes del autogolpe de Estado había designado cinco gabinetes y reemplazado y vuelto a reemplazar a más de 80 altos miembros del gobierno, incluyendo cinco primeros ministros. Cuando quiso ser el protagonista con el autogolpe, que le aconsejaron un par de dirigentes de su partido ultra, fue destituido por casi todos los legisladores, votaron por ello 101 de los 130 legisladores, sólo nueve lo apoyaron y diez se abstuvieron.

Está claro que en Perú hay molestia por las constantes intervenciones de AMLO en los asuntos internos de ese país. Se sienten agraviados. No conciben que el gobierno de México ofrezca asilo político a un hombre que rompió el orden constitucional y quiso dar golpe de Estado.

Llegamos al extremo de que la congresista Maricarmen Alva, del opositor partido Acción Popular, le pidió al embajador de México en Lima, Pedro Monroy Conesa, le transmitiera a AMLO la advertencia de que deje de entrometerse en asuntos internos y de interceder a favor de Pedro Castillo.

Respeto por la soberanía y autodeterminación de Perú y por los más elementales Principios de Política Internacional es lo que piden los peruanos, y es lo que es menester ofrezca nuestro país en estos casos, pues sólo así se mantiene coherente el respeto del gobierno mexicano a los más altos valores acuñados en la época del Benemérito.

Lo que preocupa es que en el gobierno federal de verdad entiendan lo que significa un “gobierno de excepción”, es decir que implica la restricción de derechos fundamentales de las personas; lo anterior mueve a duda por la denodada defensa de AMLO a la decisión tomada por Castillo, y su intención de brindarle asilo en nuestro territorio. Lo que menos necesitamos en estos momentos son dictaduras en la región ni en ninguna otra parte del mundo, y menos aún apoyadas y respaldadas por el gobierno mexicano, pues bastante tenemos con lo que tenemos; ya lo señaló lapidariamente el ex presidente peruano Ollanta Humala: “A partir de hoy Castillo está en la triste fila de los dictadores”.