Paso de la reina, un infierno

El asesinato del ambientalista Filogonio Martínez Merino, ocurrido el miércoles en la comunidad de Piedra Blanca,  Jamiltepec, obliga a preguntarnos qué es lo que está ocurriendo con este proyecto de Paso de la Reina que ha provocado crímenes atroces contra varios defensores de la naturaleza y, lo peor, ningún homicida detenido y sí carpetas de investigación archivadas por las autoridades judiciales.

La reacción por este homicidio no se ha hecho esperar, pues Martínez Merino, durante 15 años, había asumido una férrea postura en contra de la construcción de proyectos hidroeléctricos del gobierno federal en Paso de la Reina y el río Verde.

Pistoleros pusieron fin a la vida de Filogonio cuando tripulaba su camioneta.

A su vez, la organización no gubernamental, Servicios para una Educción Alternativa A.C., Educa, señala que Martínez Filogonio fue agente municipal en el tiempo en que fueron asesinados los 5 defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever) y había solicitado medidas de protección colectivas para la comunidad de Pasos de la Reina.

Por su parte, la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de  Oaxaca (DDHPO) condenó el asesinato de Filogonio Martínez e informó que se ha abierto una carpeta de investigación y solicitó a las autoridades, garantizar la seguridad en la zona, así como procurar y administrar la justicia.

MILES DE AFECTADOS

Pero, ¿qué es el llamado proyecto Paso de la Reina que ha provocado el asesinato de varios dirigentes campesinos de la Costa? De construirse esa hidroeléctrica, ¿cuántos habitantes serán los afectados?

De acuerdo con un documento de la organización no gubernamental Educa,  el 24 de marzo de 2006,  la Comisión Federal de Electricidad (CFE)  anunció la construcción de la presa denominada “Aprovechamiento Hidráulico de Usos Múltiples Paso de la Reina” en el estado de Oaxaca.

La presa tendría una cortina de 195 metros y afectaría directamente 3,100 hectáreas en 6 municipios y más de 40 localidades.

Los municipios y localidades afectadas serían Santiago Ixtayutla, San Lucas Atoyaquillo; Las Trojes, Corral de Piedra y La Cuchara; Tataltepec de Valdés: Centro, La Tuza, El Ocote o la Palma, El Ocotillo y Plan del Aire.

También Santiago Jamiltepec, Paso de la Reina, Cuyuche, Charco Nduayoo, La Huichicata, La Humedad, Piedra Ancha, Río Viejo, San José Río Verde, El Santo, La Esperanza, Emiliano Zapata, Atotonilquillo, Las Palmitas y Piedra Blanca.

De igual forma, Santiago Tetepec, Santa Cruz Tihuixte, San Luis Chatañú, Guadalupe del Tambor, La Cumbre, El Ocote, Ocotlán de Juárez y San Isidro del Parral.

De la misma manera, Santa Cruz Zenzontepec, Piedra Amarilla, Cerro Aguacate, Cerro Ceniza, Cerro Luna y Templo Viejo; y Villa de Tututepec de Melchor Ocampo; La Cañada, Chacahua, Charco Redondo, El Faisán, San José del Progreso, La Teja, Yugue y El Azufre.

El proyecto Paso de la Reina pretende ubicarse sobre el Río Verde, aguas arriba de la confluencia con el Río Leche; el eje de la cortina se localizaría aproximadamente a un kilómetro arriba del poblado de Paso de la Reyna, prácticamente coincidente con la ubicación de la estación hidrométrica La Canastilla.

El Río Verde, sitio propuesto para la represa, es una de las cuencas con mayor diversidad biológica y extensa del estado de Oaxaca.

La construcción del proyecto afectará directamente a 17 mil habitantes e indirectamente a otros 97 mil en 43 comunidades mixteco, chatinos, afromexicanos y mestizos de seis regiones costeras.

Vastas áreas de tierras agrícolas fértiles y el acceso a las fuentes de agua se perderían, y los defensores comunitarios y ambientalistas argumentan que el proyecto sería devastador para la biodiversidad local de la flora y fauna de la región, entre ellos el Parque Nacional Lagunas de Chacahua.

EL PROYECTO, VA

El  20 de enero de 2020, en su conferencia mañanera,  el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, aseguró que “no se construirán nuevas presas y puso el dedo en la llaga al señalar que  “no se realizará la presa Paso de la Reina en Oaxaca”.

Sin embargo, López Obrador es impredecible. El Tren Maya y el Proyecto Interoceánico, lo demuestran. El primero se construye pese a la inconformidad de grupos ambientalistas por el inmenso daño a la ecología de esa vasta región.

Así, el 20 de febrero de 2020, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) publicó en su gaceta ecológica la consumación del Proyecto Hidroeléctrico para la generación de energía renovable PH Río Verde, el cual es promovido por la empresa ENERSI S. A. de C. V.

En marzo de 2020, en notas periodísticas, el Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever)

denunció que el pasado 8 de marzo, helicópteros de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) sobrevolaron en varias ocasiones poblados en donde se construiría la presa, lo cual consideraron como actos de intimidación. Luego vendrían las amenazas y los crímenes en contra de los dirigentes.

Filogonio Martínez Merino fue comisariado Ejidal de Paso de la Reyna en el período 2008-2011 y defensor del Río Verde durante 15 años contra el Proyecto hidroeléctrico Paso de la Reina y el proyecto Río Verde. Filogonio fue agente municipal en el tiempo en que fueron asesinados

Entre estos se encuentran  cinco defensores del Consejo de Pueblos Unidos por la Defensa del Río Verde (Copudever): Fidel Heras Cruz, Noé Robles Cruz, Raymundo Robles Riaño, Gerardo Mendoza Reyes, Jaime Jiménez Ruiz y ahora Filogonio Martínez Merino.

La FGEO se ha visto lenta en las investigaciones pues Educa denunció constantemente el vacío jurídico en estos asesinatos.

Fidel Heras Cruz, uno de los líderes asesinados denunció en su momento  que  había sufrido amenazas en el pasado por parte de grupos del poder caciquil en el territorio, las cuales podrían estar vinculadas a su trabajo en oposición al megaproyectos y la explotación de recursos naturales por parte de los poderes políticos y económicos en la región.

Pero tampoco ni el gobierno federal ni el estatal han procurado esclarecer estos crímenes, de ahí que las comunidades costeñas han culpado al Estado de estos homicidios.

Pese a ello,  los campesinos costeños no dan marcha atrás en su lucha en contra de la imposición de esta obra que, por fortuna, ha recibido la solidaridad de organizaciones internacionales y de la propia Iglesia católica porque desean dejarle a las futuras generaciones un ejemplo de grandeza no de humillación.