Ambivalencia del Estado Mexicano de derecho
—Democracia y autoritarismo
El pasado viernes en la mañanera del presidente López Obrador, el vocero de cero impunidad dio a conocer una serie de datos sobre las detenciones realizadas por hechos delictivos como homicidios y delincuencia organizada, enfatizando que, en estos operativos participaron miembros de las fuerzas armadas, militares, marinos y guardia nacional que es una mezcla de dichas corporaciones, así como que, al vincularlos a proceso a los delincuentes, se les decretó prisión preventiva oficiosa, salvo el caso del ex procurador Murillo Karam, al que se le sujeto a prisión preventiva justificada a petición del ministerio público.
Los datos tuvieron como objetivo fijar en la mente del gobernado tres temas, la política del no uso violencia legal del estado en seguridad pública; la necesidad de prolongar la participación de las fuerzas armadas en tareas de investigación, detención y persecución de presuntos delincuentes; impedir que se modifique, mediante una interpretación conforme la armonización de los artículos 1 y 19 constitucionales, por parte de la Suprema Corte la aplicación de la prisión preventiva oficiosa en automático.
Explicó que la prisión preventiva oficiosa se impone irreflexivamente, por parte del juez, una vez que se obtiene la vinculación a proceso, cuando se trate de los delitos listados en la constitución, delincuencia organizada o algunos delitos de los que se conocen como de cuello blanco; controvirtió que, si se deja al criterio de los jueces emplearla o no, ello motivaría corrupción e impunidad, además, recalcó, por el tipo de delincuentes al quedar en libertad al no imponer dicha medida cautelar sino otra adecuada al caso, serían un peligro para la víctima, ofendido, testigos y la misma sociedad concluyendo que no debe modificarse o desplazarse.
Del mensaje se aprecia que incluye la escondida amenaza que representa la concentración de las fuerzas armadas, la guardia nacional y fiscalías a modo, como herramientas políticas de disuasión y persecución en contra de los conservadores, los emboscados, los protectores de la corrupción del pasado no del presente y general los enemigos del régimen que son todos los que no están de acuerdo con las políticas del gobierno.
Como ingrediente esencial del rubro de seguridad pública que busca cerrar el círculo concentrador del poder y maniatar a un pueblo de por sí cautivo de los espejitos que recibe periódicamente, falta acabar de someter a los poderes judiciales como encargados de la aplicación del derecho tanto a nivel ordinario como de regularidad constitucional y protección de los derechos humanos.
Este poder encargado de velar por la seguridad y certeza jurídica de los habitantes de la república ha sido objeto de ataques por ser un medio de control de afanes autoritarios de los gobernantes. En la época hegemónica se aceptaba como práctica normal, someter a los contrarios al régimen en turno; fue menos agresiva en los gobiernos de la transición y la alternancia, sin embargo, al arribo de la cuarta transformación el gobierno la aplica rigurosamente, sin disimulo alguno, para unificar el poderoso brazo del poder republicano democrático, en el presidente de la república.
De esta manera, el presidente es el legislador, juzgador y aplicador de la ley, absorbiendo de facto, las tres funciones que, formalmente la constitución supone autónomas, para ejercerlas en beneficio de su visión política, no en el del pueblo, anulando los principios previstos en los artículos 1, 39, 40 y 41 de la Constitución; también mantiene acosado al INE asumiendo las de árbitro electoral.
Cuenta ya con el Congreso de la Unión en donde en complicidad con una facción del decadente PRI que encabeza todavía Alejandro Moreno, logrará en corto o mediano plazo, prolongar la presencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad, más allá de su periodo de gobierno, lo que le permitirá usar este instrumento militar policiaco para el proceso para la futura elección de presidente, senadores, diputados y gobernadores.
Para ese fin en la mañanera del viernes de manera directa el presidente continuó con su campaña de desgaste de los juzgadores federales recalcando que no entiende por qué un juez de control con residencia en Tamaulipas, conoce de asuntos de Guerrero, mismo que puso en libertad a más de cien presuntos responsables del tema de Ayotzinapa, el cual ya ha sido denunciado por delitos en contra de la administración de justicia.
El vocero de cero impunidades agregó otros datos para justificar la pretensión del presidente López Obrador modificar el régimen de los poderes judiciales señaló que existe un gran número de casos en que los detenidos por las fuerzas del orden y consignados por diversos delitos, son puestos en libertad por los jueces, aduciendo formalismos legales que califica como corrupción advirtiendo que existen denuncias en contra de esos servidores públicos.
Sí analizamos estos actos continuados que hace el gobierno para desgastar a los otros dos poderes y al INE con el empoderamiento de las fuerzas armadas en seguridad pública civil, obra pública, manejo de los dineros públicos sin control real, visualizaremos un plan predeterminado con fines políticos específicos, la prolongación de la figura del presidente López Obrador, la implantación de un régimen autoritario justificado por la ola de descomposición de la paz y seguridad públicas que, quizás el propio poder auspicia con actos de omisión, para legitimar estas medidas con el manto de un estado democrático.
Por lo pronto se desconoce la presunción de inocencia, la autonomía de los poderes judiciales, del congreso y del INE y el régimen de libertades del gobernado sujeto al terror de la delincuencia y de las fuerzas armadas.
