Abusar de la vigilancia, un vicio al alcance de cualquier gobierno

Por Barthélémy Michalon*

El fin de semana pasado, varios medios de comunicación de prestigio de diferentes países dieron a conocer de manera coordinada información nueva acerca de un ya conocido sistema de espionaje digital.

Dejó de ser un secreto desde hace años: estos celulares que utilizamos de forma casi continua representan también una formidable puerta de entrada en la privacidad de nuestras vidas. No solamente estos dispositivos rebosan de información extremadamente precisa y completa acerca de quienes somos y qué hacemos, sino que además son altamente vulnerables a intrusiones. Por estas dos razones combinadas, constituyen una herramienta de ensueño para quienes, por el motivo que sea, quiera vigilar de cerca la actividad de ciertos individuos.

Por supuesto, los gobiernos tienen motivos legítimos para realizar investigaciones avanzadas en los hábitos y las intenciones de ciertas personas de interés, en nombre de la preservación de la seguridad nacional. Es la razón de ser de los servicios de inteligencia. Consecuencia de la penetración cada vez más pronunciada de la tecnología en nuestras vidas, estos mismos servicios han desarrollado sus capacidades en el ámbito digital, para ser capaces de interceptar estas señales binarias con tantas cosas que contar sobre nuestras vidas.

Mejor dicho: aquellos servicios de inteligencia que contaban con los medios y recursos para desplegar sus actividades en esta dirección lo han hecho tanto como les era posible, teniendo cómo únicos límites lo tecnológicamente factible, todo ello dentro de un marco legal ya sea inexistente o ignorado. Estados Unidos fue el mejor – o peor – ejemplo de esta clara tendencia, como lo reveló Snowden hace ocho veranos.

En cambio, otros gobiernos no habían incursionado en esta nueva y prometedora vertiente de la labor de inteligencia. No se habían abstenido por razones éticas, sino por motivos prácticos: sencillamente, carecían de la capacidad técnica para hacerlo.

Esta situación fue interpretada como una oportunidad de mercado para ciertas empresas especializadas, que empezaron a ofrecer su tecnología intrusiva a quienes estuvieran dispuestos a pagar por ello. ¿El precio? Unos cuantos cientos de miles de dólares por intervención, un precio muy accesible si se compara con los recursos que tendría que movilizar cada gobierno para desarrollar y hacer funcionar semejante herramienta.

Las revelaciones más recientes se centran en la empresa israelí NSO Group. Su existencia, así como la de su programa Pegasus, ya era conocida. Lo que salió apenas a la luz es el carácter masivo del uso de este espía digital (que básicamente transmite en tiempo real toda la información contenida en el celular infectado), así como la identidad de los principales gobiernos que la contrataron: con base en datos que abarcan los últimos cinco años, México encabeza este listado.

Asimismo, esta investigación dio a conocer los nombres de más de 50 mil personas cuyos dispositivos fueron designados como blancos de un esfuerzo de intercepción de datos, sin que se sepa si este intento fue exitoso o no. Entre ellos, destaca el nombre del actual presidente mexicano, así como numerosas personas cercanas a él, todo ello presuntamente antes de que asumiera su actual cargo. En México como en los demás países clientes de NSO, buena parte de las personas puestas bajo la vigilancia de Pegasus no son criminales o terroristas, sino periodistas, activistas de Derechos Humanos o sencillamente oponentes políticos.

Este hecho es el meollo del asunto: esta tecnología que atenta profundamente contra la vida privada de las personas se justifica en nombre del imperativo de seguridad nacional, pero se utiliza demasiadas veces con fines políticos y de conveniencia. Es más: se convierte en una herramienta para cometer violaciones a los derechos humanos. No es casualidad si entre los usuarios más entusiastas de Pegasus se encuentran gobiernos altamente represivos, como lo son Marruecos, los Emiratos Árabes Unidos o Arabia Saudí.

Si bien China ya nos está proveyendo la imagen de una realidad distópica donde la tecnología está al servicio de un gobierno altamente intrusivo y controlador, estas recientes revelaciones nos recuerdan que gobiernos con menos recursos también tienen ahora, gracias a estos “productos” discretamente comercializados por empresas privadas, la capacidad de hacer recaer en nuestra privacidad una amenaza que apenas estamos empezando a dimensionar.

* Profesor de tiempo completo del Tecnológico de Monterrey en Puebla, en la carrera de Relaciones Internacionales – [email protected]