2018 ¿Fin de las libertades públicas?

Hace 50 años, en agosto de 1968, se iniciaba—como ya hemos comentado—el Movimiento Estudiantil. Se significaba una etapa diferente para México. La Universidad desafiaba al Estado, cuya cabeza real era el presidente de la República, Gustavo Díaz Ordaz.
El Poder Ejecutivo estaba por encima de todo; los poderes Judicial y Legislativo debían subordinarse al supremo porque se cavilaba que de esa manera se mantendría la paz y la estabilidad que poco a poco se había forjado—según se pensaba—desde finales del gobierno de Lázaro Cárdenas, una vez expropiadas las empresas petroleras (1938) y con la complacencia del gobierno de los Estado Unidos, cuyo presidente Franklin D. Roosevelt había simpatizado con la expropiación dado que favorecía a al país vecino al convertirnos en su reserva estratégica de hidrocarburos. La guerra en Europa había comenzado en 1939.
Cárdenas, considerado de izquierda, había dejado el poder en manos de Ávila Camacho, considerado de derecha, esto debido a que debía existir una afinidad ideológica y política con los Estados Unidos y con Gran Bretaña, ésta última ya enfrentada en el conflicto contra la Alemania Nazi y los gringos sólo esperando un pretexto que se dio con el ataque japonés a Pearl Harbor.
En 1968 todavía predominaba en la composición del PIB, la producción agropecuaria. El campo suministraba alimentos y materia prima. El medio campesino y rural vivía la autosuficiencia aún con la carencia de caminos, la insuficiencia de transporte y las pobres comunicaciones. En las ciudades medios urbanos se daba la impresión de que vivíamos una economía boyante, por el comercio y la incipiente industria; una economía cerrada al exterior y una tibia política de sustitución de importaciones.
El gobierno había establecido desde tiempos de Miguel Alemán, una política paternalista, fundada en subsidios y en la creación de fideicomisos públicos que se fondeaban con el encaje legal que retenía el Banco de México a la banca comercial, para transferir créditos al campo, a la industria y luego a las exportaciones. CEIMSA y CONASUPO distribuía alimentos baratos y las casas comerciales daban amplias facilidades de crédito a una clase media emergente condenada al pago de impuestos federales y de contribuciones en los estados. Había libertad de comercio y libertad para establecer negocios así como permisible y tolerada la economía informal, una vía eficaz para canalizar el desempleo y el subempleo. La pobreza persistía y se podía sobrevivir de la caridad pública y los centros asistenciales de la Iglesia: el país era mayoritariamente católico y todavía funcionaban algunas escuelas gratuitas y hospitales de fundaciones privadas, solidarias con un pueblo cautivo en la represión política.
Sólo había un partido político, el PRI, con una escala piramidal absoluta y apabullante. Estaba prohibido pensar en opciones y cuando éstas surgían eran brutalmente reprimidas con la fuerza pública. No se valía pensar. Y aunque había partidos de izquierda como el PCM (partido comunista mexicano) o el vendido PPS (partido popular socialista). El poder del Estado-Gobierno era total y totalitario, casi de corte fascistoide. Las universidades estaban penetradas por agentes de la Federal de Seguridad, así como los sindicatos, que eran dominados en extremo por el gobierno mediante el corporativismo y los líderes “charros”.
En 1968 luchábamos por un cambio, por entrar a la democracia, que se logró y se consagró en 2000. Pero en 2018, con los excesos de un PRI redivivo, las elecciones dieron el triunfo a una opción absoluta otra vez: la llegada de Morena deja ver un gobierno omnímodo, como el del PRI antiguo; sin opciones a pensar diferente y sin tomar opinión popular de temas sensibles como la expulsión de secretarías. La demagogia regresa y regresan políticos “dinosaurios” del viejo PRI y con ello el fin de las libertades públicas.