Hace cincuenta años nuestro país tenía casi 49 millones de habitantes. Ocho años antes, en 1960, el VIII Censo Nacional de Población arrojaba la cifra de 35 millones. Habíamos crecido en un 40 por ciento, una tasa demográfica demasiada alta, lo cual era propicio para migraciones y presiones para el acomodo en viviendas de nuevos habitantes, para el empleo y para la distribución y comercialización. El panorama social cambiaba drásticamente y era propicio para expresiones sociales no previstas.
Sin embargo, debe reconocerse que el manejo de la economía y las finanzas públicas era acertado. Díaz Ordaz había mantenido en la Secretaría de Hacienda a Antonio Ortiz Mena, que también fuera titular con Adolfo López Mateos. Ortiz Mena, abogado egresado de la Universidad Nacional, es reconocido como uno de los mejores ministros en su ramo y se le atribuye la gran estabilidad del país durante el período conocido como “desarrollo estabilizador”, dado que México crecía sostenidamente a tasas superiores al 6 por ciento anual en el Producto Interno Bruto.
En asuntos políticos, Díaz Ordaz tenía en la Secretaría de Gobernación a Luis Echeverría Álvarez, abogado también, de larga trayectoria burocrática, de un actuar tenebroso y siniestro que se proyectó justamente en los acontecimientos que posteriormente relataremos. Ciertamente, Echeverría tenía delegado un gran poder y tenía absoluto control sobre todos los gobernadores estatales y todos los miembros del Congreso de la Unión. No sólo eso, era el virtual jefe del gabinete presidencial y no se emitían iniciativas que no fueran sancionadas por el secretario de Gobernación. Toda declaración pública de funcionarios era revisada y censurada por este personaje.
El secretario de la Defensa Nacional era el veterano general Marcelino García Barragán, de 73 años, que había tenido de joven cierta participación en la revolución de 1910-1917 y en la cruenta Guerra Cristera entre 1926-1929. Era uno de los hombres más duros del gabinete y no titubeaba en el uso de la fuerza militar para la represión de movimientos y expresiones de inconformidad, rurales y urbanas. Era el personaje ideal para expresar la fuerza del Estado ante cualquier situación adversa al régimen.
La Ciudad de México era gobernada por el Jefe del Departamento del Distrito Federal. El cago lo ocupaba el general y licenciado en derecho Alfonso Corona del Rosal, veterano también de algunos hechos de armas en la década de 1920 y considerado también de dureza en el actuar cuando de opositores al sistema se trataba. Corona del Rosal había sustituido en 1966 a Ernesto P. Uruchurtu, el eficaz regente en la época de López Mateos.
Esos cuatro funcionarios eran los pilares que soportaban al régimen. No había prácticamente cambios y el gabinete era un cuerpo sólido, de lealtad ignominiosa al presidente que le sirvió para la feroz represión que se inició en julio de 1968 y hasta culminar el 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco.
El gobierno se preparaba para inaugurar los juegos olímpicos, el acontecimiento deportivo mundial más importante; México era el primer país subdesarrollado que organizaba tal evento y el lema oficial de los juegos de la XIX Olimpiada de la Era Moderna era: “Todo es posible en la paz”, con una paloma como símbolo de una nación que tranquilamente transitaba en una presunta democracia de un solo partido, de un solo hombre; un país en donde se podía consumir pero no se podía levantar la voz en contra del sistema.
Los medios de comunicación especialmente los periódicos, eran de un servilismo vergonzoso y los noticieros de radio y televisión transmitían noticias favorables al presidente y al régimen. Cualquier brote de oposición era tachado de “comunista”, de “intervención extranjera” (soviética o cubana, se acusaba). La poca prensa opositora era callada de inmediato y parecía que el pueblo de México era una masa conformista. Ese era el escenario en el que se incubaba una rebelión juvenil que transformó al país.
