1968: Crímenes de Estado

En 1968 no existía el Estatuto de Roma que fundó en 1998 la Corte Penal Internacional (CPI) y al cual se adhirió México en septiembre de 2000 y ratificó en junio de 2005. La CPI tipifica a los siguientes crímenes como objeto de persecución y enjuiciamiento: genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra, crimen de agresión. A su vez, los delitos de lesa humanidad son: asesinato, exterminio, esclavitud, deportación, encarcelamiento, tortura, violación, persecución, desaparición forzada de personas, apartheid. La mayor parte de estos crímenes son imputables a gobiernos, gobernantes, ejércitos, fuerzas de seguridad, parlamentos, tribunales o juzgados y a Estados en general. Conforme al Estatuto de Roma, los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles, aun cuando los ejecutores de los crímenes estén a salvo temporalmente por razones de fuero constitucional, ya que al terminar éste no hay prescripción a sus faltas, mismas que deben ser juzgadas y castigadas.
En suma, el Estatuto de Roma se fundó para juzgar en lo general crímenes de Estado, en los que están involucrados y son del conocimiento y aprobación de autoridades gubernamentales. El caso más conspicuo es el Holocausto ejecutado por el régimen Nazi debido a que fue ordenado por el gobierno de Hitler, ejecutado por su ejército, sus tropas SS, su servicio de seguridad la temible Gestapo y otras corporaciones oficiales. De igual manera, las “purgas” estalinistas entre los años 1924 y 1937 en las que se ejecutaron a cientos de miles de opositores al régimen soviético y millones de personas inocentes relacionadas con los “sentenciados”, son ya consideradas crímenes de Estado, desde luego sin posibilidad de juzgar más que por la historia. Los responsables del Holocausto fueron juzgados y ejecutados en Núremberg. Los exterminios de la antigua Yugoslavia en Kosovo fueron juzgados por un tribunal internacional especial.
En 1968 el gobierno mexicano, encabezado por Gustavo Díaz Ordaz, cometió un crimen de Estado, de lesa humanidad: asesinó, trató de exterminar, deportó, encarceló, torturó, violó, persiguió y despareció forzadamente a miles de estudiantes desde el 22 de julio hasta el 2 de Octubre en Tlatelolco. En esos hechos participaron las instituciones de seguridad del Estado, el ejército mexicano, la Policía del Distrito Federal, el cuerpo de Granaderos del Departamento del Distrito Federal, la Procuraduría de Justicia del Distrito Federal, la Procuraduría General de la República. El Ministerio Público y los tribunales y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estuvieron ausentes y fingieron ignorancia ante las denuncias de familiares, por lo cual cometieron el delito de omisión en impartición de justicia. El Poder Legislativo Federal de manera cobarde, apoyó las acciones del gobierno y utilizó a los diputados Luis M. Farías (de Nuevo León) y Manuel Iglesias Meza (de Oaxaca), para pronunciarse a favor de un crimen de Estado.
Mañana, 27 de agosto, se conmemorarán 50 años de la segunda gran manifestación estudiantil en la ciudad de México, que partió a las 4 de la tarde del Museo de Antropología y por todo Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y Cinco de Mayo, llegó al zócalo e instaló un campamento que fue desalojado en la noche por tropas del ejército, con tanquetas y con lujo de fuerza. Al otro día, por una bandera roji-negra izada en el asta bandera del zócalo, el gobierno del Distrito Federal organizó una manifestación con burócratas, que protestaron por ese burdo acarreo y de los cual algunos fueron cesados.
Aparte de la memoria, esa maravillosa facultad y potencia del alma de la que me valgo, refuerzo los recuerdos con la reciente publicación del libro “Esa luz que nos deslumbra”, de Fabrizio Mejía Madrid (Grijalbo, 2018), usando una frase singular del querido amigo Miguel Eduardo Valle Espinosa “El Búho” (Q.E.P.D.), líder estudiantil por la Escuela Nacional de Economía UNAM en el Consejo Nacional de Huelga. La lectura de esa obra ilustrará a la presente generación de un hecho no olvidado por los mexicanos de entonces y de ahora.