El pasado miércoles fue asaltada una sucursal bancaria en los rumbos de Santa Lucía del Camino. Los delincuentes despojaron asimismo a un ciudadano, de su vehículo. Los asaltos a mano armada, a casas habitación, a transeúntes, etc., se han convertido en cosa común en nuestra entidad, principalmente, en la capital oaxaqueña y el área conurbada.
En este atraco los asaltantes se llevaron 385 mil pesos. Por supuesto que no es la primera vez que sucede. Una sucursal del mismo banco, que se ubicaba en la Colonia Reforma, fue objeto de un hecho similar hacer algunos meses. Ahí hubo un fuerte operativo policial y fueron detenidos los asaltantes, sin embargo, la mayoría de las veces no ocurre lo mismo y huyen con el botín sin que jamás se sepa de ellos.
No se trata de describir un hecho en sí mismo reprobable y que en efecto durante muchos años no se daba en la entidad, salvo de manera esporádica, sino de poner en tela de juicio la escasa o nula vigilancia policial y la ausencia de operativos que permitan en un momento determinado, detener a los delincuentes. Para empezar, el sistema de video-vigilancia está prácticamente inservible, desde que algunos pillos ligados con la Sección 22, que luego se asumieron inocentes, destruyeron las cámaras.
No hay pues una estrategia que hayan diseñado los titulares tanto de la Secretaría de Seguridad Publica como de la Policía Estatal, para brindar mayor seguridad a la ciudadanía. Al menos, a la fecha, nada se sabe del despliegue de fuerzas estatales -o municipales- ante casos como el que mencionamos hoy. La ciudadanía debe estar muy al pendiente del destino de los recursos del Fondo de Seguridad Pública (FOSEG), que se canaliza al gobierno estatal y a los gobiernos municipales, para reforzar la salvaguarda ciudadana.
Poco ayuda la contaminación que existe en ciertas corporaciones, como es el caso de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI), en donde se tiene que meter orden y poner mano firme, dados los vicios que durante años se vienen arrastrando, como es el caso de presuntos pagos de cuotas, lo cual lleva a algunos elementos a incurrir en ilícitos vinculados al trasiego de droga y armas. El martes pasado, por ejemplo, un agente de la AEI fue detenido en San Juan Bautista Coixtlahuaca, en posesión de droga y dos armas largas, cuya posesión no pudo acreditar.
No más concesiones
El transporte público y quienes no regentean se han convertido en los últimos años, en un serio asunto de seguridad. Se han otorgado miles y miles de concesiones para taxis y moto-taxis sin control alguno, haciendo de la clonación de permisos, de placas o simplemente del pirataje, el millonario negocio de unos cuantos. Durante el gobierno de Ulises Ruiz, el transporte concesionado alcanzó niveles preocupantes. Ello mantuvo sin cuidado al ex gobernador. Por el contrario, instrumentó todo lo necesario para poner en marcha el sistema de moto-taxis.
Al iniciar su período de gobierno puso en prisión a dos ex funcionarios de la desaparecida Secretaría de Transporte (Setran), por haber vendido presuntamente, miles de concesiones de manera ilegal. Fueron simples chivos expiatorios. En poco tiempo, ambos demostraron que contrario a lo que suponían sus acusadores, el parque vehicular concesionado había crecido de manera anárquica y desordenada. En los últimos días del gobierno de Ruiz, en la desaparecida Coordinación de Transporte (Cotran), se montó una especie de venta nocturna. Miles y miles acudieron para obtener su concesión o permiso, obviamente a cambio de una generosa cantidad. La idea era dejarle al siguiente gobierno, el de Gabino Cué, una papa caliente.
Y se la dejaron. Desde ese entonces a la fecha, el sistema de taxis foráneos, locales y motos, creció de manera brutal. Ya no hubo manera de pararlo. Cientos de organizaciones sociales acudían a negociar tal o cual problema con los personeros del gobierno estatal y salían cargados de permisos y concesiones. Sin embargo, a principios de marzo, justo cuando rindió su informe de los primeros cien días, el gobernador Alejandro Murat enfático sostuvo que ante la serie de problemas que se habían encontrado en dicho sector, había instruido al titular de la Secretaría de Vialidad y Transporte (Sevitra), a imponer una veda de al menos dieciocho meses.
Es decir, nadie puede decir en este momento que esté tramitando o gestionando concesiones, habida cuenta de que no se ha cumplido el plazo que otorgó el ejecutivo. Todo lo anterior conlleva a un resultado irrefutable: el gobierno tiene que regular todo lo concerniente a permisos y concesiones, pero sobre todo, crear un directorio para saber quiénes han sido los beneficiarios y con qué derechos obtuvieron dichos permisos para el usufructo del servicio público.
