La consulta sobre la ubicación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) es un acto que vulnera el Estado de Derecho, no abona a la vida democrática que reclama el país y no es jurídicamente vinculante, aseguró el jurista Jorge Franco Jiménez.
El ejercicio que lleva a cabo el equipo de transición carece de validez legal y no es jurídicamente vinculante, dijo, al expresar su inquietud por tratarse de un proyecto de infraestructura de alto grado de complejidad y cuya la decisión corresponde al gobierno y debe ser técnica, y no política.
El presidente de la Barra Mexicana-Colegio de Abogados de Oaxaca, precisó que no es jurídicamente válido ni tiene sustento legal porque incumple lo establecido en la fracción VIII del artículo 35 de la Constitución, y en la Ley Federal de Consulta Popular.
Aunado a ello rompe con la vida democrática que debe existir, pues la consulta no garantiza la imparcialidad, tiene un marcado sesgo en su formulación y no plantea medidas para evitar el acarreo, la compra de votos o la duplicidad en los votantes.
“La discusión del aeropuerto de la Ciudad de México, es una cuestión de técnicos y especialistas, no de opinión popular, por lo que debe ser una decisión del estado mexicano y no de consulta popular, por estar al margen de la constitución federal, la hace ilegal”, sentenció.
El también jurista Enrique Pacheco lamentó que el presidente electo Andrés Manuel López Obrador se escude en una consulta que parece estar condicionada, pues recordó que cuando fue jefe de Gobierno del Distrito Federal, expresó que no debería de construirse en Texcoco.
“México no puede estar jugando a esta clase de determinaciones, me parece que López Obrador se escuda en una decisión del pueblo para eludir la que le corresponde con base en las informaciones que se le den porque es una decisión histórica. El pueblo tendrá que respaldar la decisión que se tome, pero esta es únicamente del presidente López Obrador”.
Precisó que la convocatoria no tiene base legal, no da garantía para nada que se resuelva de manera imparcial, pues los votantes no pasan de un millón y México tiene registrados a muchos millones. “Es una parte significativa del pueblo, pero nada más”.
En tanto, José Marcos Matus, presidente de la Sociedad Mexicana de Ingenieros en Oaxaca (SMI), expresó que esta consulta tuvo que ser dirigida a los especialistas y técnicos que conocen de un tema tan especializado como éste, y no con carácter popular donde cualquiera puede opinar.
“La consulta es ilegal de origen porque la convoca un ciudadano, cuando la puede hacer el Congreso de la Unión, a petición del presidente de la República en funciones, o bien los integrantes de cualquiera de las dos cámaras, pero tal y como está planteada solo responde a ciertos intereses”, expresó.
El dirigente externó su preocupación, pues en estos momentos se necesita redoblar esfuerzos en el sector infraestructura para lograr crecimiento económico, incremento del empleo, bienestar y competitividad, y este tipo de ejercicios pueden desalentar a los inversionistas.
