Han pasado 74 días desde que Juan Gómez terminó su periodo como comisionado del Instituto de Acceso a la Información (IAIP), lo que a decir del presidente de este organismo, Francisco Álvarez Figueroa, vulnera el derecho de los ciudadanos en materia de acceso a la información, ya que la atención no es la que merecen ante la carga de trabajo de los dos comisionados en funciones.
“El que no sea nombrado un comisionado significa que no se han tomado decisiones en el IAIP, ya que se han aplazado por respeto al comisionado que venga”, destacó Álvarez Figueroa; “con esto se vulnera el acceso a la información de los ciudadanos”.
El Congreso del Estado es el encargado de llevar a cabo el nombramiento, sin embargo, hasta el momento sólo ha realizado las entrevistas a los aspirantes, mientras tanto los recursos de revisión sólo son trabajados por dos comisionados.
Aunque el comisionado también dijo que son muy respetuosos de las decisiones que toma el Congreso del Estado, por lo que hacen una “súplica muy respetuosa” para que aceleren el nombramiento del próximo comisionado.
“Nosotros hemos recibido en lo que va del año nueve mil 161 solicitudes de acceso a la información, en el mismo periodo del año pasado se recibieron ocho mil 359”, destacó Álvarez Figueroa, “estas solicitudes han derivado en 823 recursos de revisión en el año 2019, es decir, el 9 por ciento, cuando el año pasado el porcentaje fue de 4.3 por ciento”.
El recurso de revisión es un documento en la cual el recurrente no está de acuerdo con la respuesta que obtuvo de la dependencia o sujeto obligado, explicó el presidente del IAIP,
“Esto significa que el trabajo se ha cargado para los dos comisionados en funciones, pues de los 823 recursos de revisión, 389 están en alguna de las dos ponencias”, dijo el funcionario, “en 2015 se interpusieron 356 recursos de revisión, en el 2016 fueron 322 y en el 2017 se contabilizaron 466”.
Las solicitudes de información que se fueron a recurso de revisión se duplicaron principalmente porque el derecho de acceso a la información es ejercido por una mayor cantidad de personas quienes no están de acuerdo con la calidad de la información que los sujetos obligados entregan.
“Necesitamos a una persona que sea capaz de llevar el trabajo de las comisiones dentro del Sistema Nacional de Transparencia, además de que tenga un perfil técnico y especializado, ya que es un órgano autónomo que requiere de conocimientos específicos”, explicó Álvarez Figueroa.
