Tras los recientes episodios de violencia extrema registrados en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, el secretario de Gobierno del estado, Jesús Romero López, ofreció declaraciones que han generado polémica entre la ciudadanía. Mientras los habitantes viven entre el miedo, la incertidumbre y la parálisis económica, la postura del funcionario ha sido considerada por muchos como triunfalista, alejada del contexto real y, en algunos casos, hasta condescendiente.
Lejos de un tono de alarma o urgencia, Romero López afirmó que los hechos violentos son una simple reacción desesperada de un grupo criminal ya debilitado, vinculado al flujo migratorio en la zona.
“NO VAN A SOMETER AL ESTADO”: LA VERSIÓN OFICIAL
En su declaración, el titular de la política interna del estado fue enfático al señalar que “por ningún motivo va a someter [esta célula criminal] a las instituciones del Estado”.
Aseguró que lo ocurrido en Juchitán es una respuesta violenta de un grupo delictivo que, según datos oficiales, ha sido en gran parte desarticulado por operativos estatales y federales.
“Lo que ocurrió en Juchitán deriva de una reacción”, puntualizó Romero.
Según explicó, la Fiscalía ha identificado a los actores involucrados en esta red delictiva, la cual se habría financiado con recursos obtenidos del tránsito migratorio en la región.
DESDE EL GOBIERNO: LLAMADOS A LA CALMA Y PROMESAS DE RESPALDO
Romero también quiso enviar un mensaje de respaldo a la población. Con ello, asegurando que el gobierno no los dejará solos.
“Tiene que saber el pueblo juchiteco que no está solo, tiene todo el respaldo del gobernador, de todo el equipo de gobierno”, afirmó.
Señaló que hay un despliegue activo de la SEDENA, Guardia Nacional, Marina y Policía Estatal, y que las medidas de seguridad se mantendrán. Aunque algunas de ellas, dijo, deben mantenerse “en sigilo” para garantizar su efectividad.
UNA RETÓRICA OPTIMISTA QUE NO CONVENCE A TODOS
Las declaraciones del secretario han sido criticadas por su tono aparentemente triunfalista en medio de una situación que mantiene a la población de Juchitán en estado de alarma. La afirmación de que “todo está bajo control” contrasta con las calles vacías, los negocios cerrados y una ciudadanía que ha expresado su temor de manera contundente. Tanto en redes sociales como en declaraciones públicas.
A pesar de los operativos y la presencia militar, los hechos violentos recientes han generado una percepción generalizada de inseguridad. Muchos habitantes sienten que las medidas llegan tarde. O que no han sido suficientes para contener la ola de violencia.
EL FACTOR MIGRATORIO Y SU EXPLOTACIÓN DELICTIVA
Uno de los puntos clave en la narrativa oficial es la supuesta consolidación de esta célula delictiva gracias al flujo migratorio en el Istmo. Según Romero López, ese contexto permitió el financiamiento y crecimiento logístico del grupo. Ahora presuntamente desmantelado.
Sin embargo, esta explicación pone sobre la mesa un tema más amplio: la falta de políticas preventivas y de atención al fenómeno migratorio en la región. Juchitán, por su ubicación geográfica, ha sido paso obligado para miles de personas migrantes. Sin que existan estrategias claras para evitar que actores criminales se beneficien de esta situación.
REFLEXIÓN: EL PELIGRO DE LA DESCONEXIÓN OFICIAL
La brecha entre el discurso institucional y la percepción social es cada vez más amplia. Mientras el gobierno habla de resultados, cifras y control, la población vive en alerta permanente. La seguridad, entendida como derecho humano fundamental, no puede limitarse a la estadística ni a la narrativa política.
La afirmación de que todo está bajo control podría tener efectos contraproducentes si no va acompañada de medidas visibles, eficaces y sostenidas en el tiempo. Minimizar el problema solo alimenta la desconfianza ciudadana y reduce la credibilidad institucional.
¿Y DESPUÉS QUÉ?
Las promesas de respaldo deben traducirse en acciones palpables: protección real a los habitantes, fortalecimiento de la inteligencia policial, atención al fenómeno migratorio con enfoque humanitario y de seguridad. Y, sobre todo, una comunicación clara, empática y honesta con la ciudadanía.
Finalmente, la paz en Juchitán no se construirá con discursos, sino con justicia, presencia institucional efectiva y un reconocimiento serio de las causas estructurales que permiten que las células criminales se instalen, operen y crezcan. De no hacerlo, lo que hoy se presenta como “bajo control” puede volverse incontrolable mañana.
