Especialistas en materia constitucional destacan que las reformas legislativas que trastocan algún interés colectivo o individual, pueden revisarse y en su caso analizarse por los órganos jurisdiccionales estatal y federal.
Luego de la reforma que aprobaron recientemente las y los diputados para extinguir al Tribunal de Justicia Administrativa para dar lugar a la creación del Tribunal de Justicia Administrativa y Combate a la Corrupción, las y los magistrados que fueron relevados al cargo anunciaron que interpondrán juicios de amparos para defender sus puestos.
En ese sentido, representantes de la asociación civil Litigio Estratégico Indígena, recordaron que en años recientes se han dado diversos juicios en contra de las reformas que realiza el congreso local de Oaxaca, por lo que muchas reformas se han frenado cuando no tienen sustento alguno.
Carlos Morales Sánchez, presidente de la asociación civil, recordó que en su momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), declaró inconstitucional varias reformas como la Ley de Extinción de Dominio, así como otras normas que habían sido aprobadas en el Poder Legislativo de Oaxaca como la modificación al Artículo 146 del Código Civil de Oaxaca.
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Ante ello, propuso la creación de una Comisión de Revisión de Proyectos frente al Parámetro de Control de Regularidad que estaría conformada por diversos sectores de la sociedad, lo que podría ayudar a fortalecer las iniciativas y reformas que se realizan desde el congreso local.
Las leyes ya no pueden hacerse como se hacían antes. Cada día hay una ciudadanía más comprometida que combate las leyes a través de juicios de amparo y los órganos de protección a los derechos humanos promueven acciones colectivas contra las leyes. Y finalmente, la Suprema Corte resuelve si las leyes se ajustan al parámetro de regularidad de constitucionalidad”, destacó.
Por su parte, Rafael Martínez Andrade, analista político, comentó que en la modificación o desaparición de órganos que se realiza desde el Poder Legislativo, tiene que ver con alguna encomienda política y cuando no favorece el grupo afectado, recurre a los juicios de amparo para tratar de evitar perder los cargos.
En los estados es común que esto ocurra con los órganos autónomos o de otra índole que depende de los poderes legislativos, en el estado de Oaxaca recordemos casos como el instituto de transparencia, varias veces le han cambiado de nombre y los que llegan a ocupar los cargos, tienen afinidad a los partidos que están en el poder o son mayoría en el congreso, pero en algunos asuntos hace falta la mediación política para evitar llegar a los tribunales”, afirmó.
