Ante el retardo de 17 años en crear la Ley de Consulta Previa, Libre e Informada, de Buena Fe y con Pertinencia Cultural, en el amparo en revisión administrativa R-496/2018, los magistrados del Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, con residencia en Cholula, Puebla, ordenaron al Congreso del Estado de Oaxaca construir esta norma antes del 30 de septiembre de 2019.
“En una decisión histórica en favor de los pueblos y comunidades indígenas del Estado de Oaxaca, el tribunal auxiliar ordenó al Congreso de Oaxaca que construya la Ley de Consulta Previa ajustándose a los estándares internacionales establecidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo”, explicó Carlos Morales Sánchez, presidente de Litigio Estratégico Indígena.
A su vez, Mariana Yáñez Unda, vicepresidenta de Litigio Estratégico, explicó que los juicios de amparo fueron promovidos por esta asociación civil que no recibe ningún tipo de financiamiento y tres personas indígenas zapotecas de los Valles Centrales de Oaxaca.
Detalló que en primera instancia, correspondió al licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Décimo primero de Distrito en el Estado de Oaxaca, conocer de los juicios de amparo acumulados números 304/2018, 305/2018 y 306/2018 quien concedió el amparo a las personas indígenas oaxaqueñas, pero que el Congreso de Oaxaca impugnó esa decisión.
“En la demanda de amparo se indicó que el Congreso de Oaxaca no había cumplido con el deber de construir la Ley de Consulta Previa, no obstante que tenían el deber de hacerlo desde el 14 de agosto de 2001, fecha en que fue publicada la reforma constitucional en materia indígena, que el amparo fue concedido pero fue recurrida por la junta de Coordinación Política del Congreso de Oaxaca.”
Yáñez Unda dijo que es la primera vez que un tribunal del Poder Judicial de la Federación ordena la creación de una ley en materia de consulta previa, lo que se traduce en una herramienta de defensa para los pueblos indígenas quienes podrán manifestar su oposición o consentimiento respecto de los grandes proyectos que se pretendan efectuar en sus territorios.
