Mediante amparos o hasta agotar sus inventarios, varios establecimientos que operan en la ciudad de Oaxaca y zona conurbada, se resisten a desechar de sus anaqueles los productos de plásticos y unicel que desde el 24 de octubre está prohibida su venta en la entidad oaxaqueña.
En los centros comerciales como Chedraui y otras tiendas de conveniencia, se sigue comercializando bebidas envasadas con plástico, así como embalajes y desechables de un solo uso de unicel.
Contrario a las políticas ambientales que aplican estos establecimientos, en otras empresas como Walmart y las tiendas de conveniencia OXXO, ya acatan las disposiciones de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos, mejor conocida como ley anti-PET.
Según datos del grupo parlamentario del partido Morena del congreso local, desde que entró en vigor la nueva ley se han reportado 12 empresas que se han amparado para evitar cumplir con las disposiciones de la norma.
Algunas cuentan con periodos cortos y otras hasta que agoten sus inventarios para la venta de las bebidas envasadas con plástico, sin embargo, ya retiraron de sus anaqueles el unicel y otros de un solo uso.
Afecta a los que menos tienen
Francisco Uriostegui Pineda, presidente de Confederación Nacional de Industriales de Metales y Reciclados (Conimer), señaló que esta ley afecta de manera directa a los que menos tienen como son los recicladores de todo el país.
“Va en contra de lo que siempre pregonan los integrantes del gobierno de la Cuarta Transformación cuando dicen que primero los pobres, al contrario, esto afecta a los que se dedican a reciclar y que es su única fuente de trabajo”.
Advirtió que de no implementarse programas de apoyo a todos los recicladores de los estados donde ya existen estas leyes, a finales del mes de enero realizarán un segundo paro nacional.
Hasta el momento, los estados que ya cuentan con sus leyes anti-PET son Michoacán, Oaxaca y la Ciudad de México. “Los recicladores hacen un trabajo digno y otorgan beneficios al medio ambiente, vamos a seguir exigiendo que se les respete sus trabajos implementando programas para apoyar su economía y evitando criminalizar esta actividad”, destacó.
