La LXV Legislatura local lanzó exhortos al Gobierno Federal y organismos de derechos humanos en temas de migrantes, así como una medida cautelar para la Ley anti pet.
En sesión ordinaria de ayer, que por primera vez en varios meses comenzó puntual, el Congreso del Estado de Oaxaca llamó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a intervenir a favor de la prohibición legal de plásticos desechables en la entidad.
Esto fue en contra de la declaratoria general de inconstitucionalidad emitida el lunes pasado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El Congreso del Estado consideró que la resolución de la Corte permitirá el uso indiscriminado de productos desechables de PET y unicel, “lo que constituye un agravio masivo e inminente, con impactos graves e irreparables, a los derechos humanos al medio ambiente, a la salud y a la vida de las y los habitantes del estado”.
Mediante un exhorto aprobado en la sesión ordinaria de hoy, a propuesta del diputado del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Horacio Sosa Villavicencio, con 25 votos, la LXV Legislatura pidió a la CIDH analizar la situación que la declaratoria generó sobre los derechos humanos de la población, y en su caso solicitar las medidas cautelares pertinentes.
Este lunes, el pleno de la SCJN emitió la declaratoria general de inconstitucionalidad de las fracciones XI y XII del artículo 98 de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos para el Estado de Oaxaca, que prohibía envases y embalajes de un solo uso elaborados con tereftalato de polietileno (PET) o poliestireno expandido (unicel).
Ello fue resultado de una solicitud formulada por su Segunda Sala que, el 17 de agosto de 2022, al resolver amparos a favor de Oxxo y Propimex, empresas filiales de Coca Cola, determinó que son inconstitucionales dichas fracciones, que formaron parte de un paquete de reformas ambientales aprobado en 2019.
La determinación de la Corte no tomó en cuenta el principio pro persona, que busca asegurar que en toda decisión se alcance el resultado que mejor proteja a la persona humana”, planteó hoy el diputado Horacio Sosa al exponer en la sesión el contenido del punto de acuerdo.
Por su lado, con 27 votos a favor, el Congreso aprobó un exhorto a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, pongan en operación un programa de información que difundan los derechos de los migrantes y se establezcan puntos de abastecimiento de agua y servicios sanitarios para quienes van de paso.
En este planteamiento, incluye el llamado a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que instruyan a los cuerpos de seguridad pública, estatal, así como a la guardia nacional, para que no criminalicen a quienes sin remuneración brindan ayuda humanitaria a la comunidad migrante.
Mientras tanto, la propuesta para exhortar al Ejecutivo del Estado para que, por conducto de la Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana y Secretariado Ejecutivo del Sistema de Seguridad Pública, implementen urgentemente una estrategia eficaz de seguridad pública para combatir el incremento en el número de feminicidio y homicidios.
Además de que, garanticen el ejercicio de los derechos humanos de las y los oaxaqueños.
