En el marco de la toma de protesta del Consejo directivo 2019-2020 de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) de Oaxaca, el presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (ConcanacoServytur), José Manuel López Campos, destacó que el tema de la seguridad es una prioridad que se tiene que atender por el Gobierno federal, para que no se vulneren más las garantías físicas y patrimoniales de los mexicanos y de los oaxaqueños.
“La seguridad es un factor básico para poder atraer la inversión, pues es uno de los factores para decidir en dónde instalar plantas; después de la corrupción es el tema que más atención le ha puesto el gobierno federal y esperemos que funcionen las estrategias que se han planteado”, afirmó el líder empresarial.
Por otra parte, sostuvo que el Corredor Transístmico que unirá los puertos de Salina Cruz, Oaxaca, con Coatzacoalcos, Veracruz, fortalecerá las exportaciones de Asia a Europa, Estados Unidos y América Latina y viceversa, lo cual apoyará a la economía oaxaqueña que ha presentado un crecimiento incipiente en los últimos años.
Pide respeto a los migrantes
Al mismo tiempo, señaló que la migración impacta en el tema económico por ser un factor importante que no se debe descuidar, ya que incide en el desarrollo del país, porque con la firma del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T- MEC), muchas plantas industriales tienen planes para invertir en nuestro territorio, pero requieren de condiciones adecuadas de seguridad.
México no debe perder de vista el espíritu humanitario y el respeto a los derechos humanos de los migrantes, pues no se les puede dar el trato del que nos quejamos se da a los mexicanos cuando intentan cruzar la frontera norte, dijo López Campos.
“Hay que entender la posición que juega el país en este desequilibrio de flujos para atender las prioridades que deben ser el desarrollo social y económico de los mexicanos”, asentó.
El líder empresarial consideró que para contener la migración y cumplir con los acuerdos internacionales, México debe actuar conforme al estado de derecho, con todo el alcance que eso implica, porque corresponde al Poder Ejecutivo la ejecución de las políticas públicas que se presentan y en base al orden constitucional se deberá seguir lo que marque el Plan Nacional de Desarrollo, ateniéndose a sus esferas de responsabilidad y competencia.
