En julio del 2018 se cumplieron 90 días desde la publicación de la Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes en el Estado de Oaxaca, en armonización de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, fecha límite para la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Tortura, lo que hasta el momento no ha ocurrido.
La ley para la prevención de la tortura en Oaxaca fue promulgada por el Congreso del Estado el 20 de diciembre del 2017 y promulgada por el Periódico Oficial del Estado de Oaxaca el 5 de abril del 2018.
“La Fiscalía General del Estado contará con un plazo de noventa días posteriores a la fecha en que el presente Decreto entre en vigor, para crear y operar su Fiscalía Especializada para la investigación del delito de tortura, salvo en los casos que por falta de recursos suficientes deban ser ejercidas por la unidad administrativa especializada correspondiente, debiendo informar al Congreso del Estado a efecto de tomar las previsiones para los ejercicios fiscales subsecuentes”, detalla la Ley en su artículo cuarto.
El 26 de junio de 2017 se promulgó la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que obliga a las entidades a crear su Fiscalía Especializada, algo que sólo diez estados han cumplido, Oaxaca no se encuentra en éstos.
En Oaxaca la tortura es una práctica que se ha perpetuado y que ha alcanzado momentos críticos como lo fue el 25 de noviembre de 2006 durante el conflicto político-social. La tortura adquiere formas particulares atendiendo al tipo de población al que va dirigido y a sus fines, señala el estudio Impunidad y Negación de la Tortura en Oaxaca, Informe Sobre Tortura y Tratos y Penas Crueles Inhumanos o Degradantes 2017-2018 del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha (CODIGODH).
Según este organismo, el 16 de agosto de 2017, el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez, determinó la creación de la Unidad Especializada en Investigación contra la Tortura. El objetivo de la Unidad es llevar a cabo la función ministerial que se contempla en los ordenamientos jurídicos sustantivos, adjetivos y orgánicos, relativos a la integración de las carpetas de investigación por hechos probablemente constitutivos de delitos de tortura, con apego a los principios de constitucionalidad y legalidad, y lograr una procuración de justicia confiable, expedita, imparcial y transparente.
Esta Unidad contabiliza 312 expedientes de tortura agregados entre 2017 a 2019; 61 de ellos determinados y 251 expedientes en trámite. De todos ellos, el 81.59 por ciento de los casos de víctimas son hombres y el 18.41 por ciento de los casos son de víctimas mujeres. Los presuntos perpetradores son en el 42.86 por ciento de la Agencia Estatal de Investigación; el 37.36 por ciento son policías estatales; el 13.19 por ciento son policías municipales y el 6.59 por ciento personal de penitenciarías.
