Para las organizaciones de la sociedad civil y abogados del estado de Oaxaca, la reforma a los artículos 129 y 148 de la Ley de Amparo para eliminar las facultades de las y los jueces federales de detener de manera provisional y con efectos generales las normas que potencialmente vulneren los derechos humanos o ambientales, tiene que ver especialmente con los megaproyectos que impulsa el Gobierno Federal.
Con ello, consideran que se deja en la indefensión a la ciudadanía para consumar obras de grandes dimensiones, sin considerar alguna afectación ambiental, humana o de carácter económico, por lo que afirman que es una iniciativa que resulta regresiva y contrario al derecho al acceso a la justicia de las personas.
Pretenden realizar una reforma regresiva en materia de amparo porque le quitan la facultad que tenía o que tiene el amparo para suspender el acto reclamado cuando exista violaciones al interés social o al orden público y el artículo 129 contempla varias causales que son 12 en total, en el que señala que a pesar de que existan esas causales que vulneren disposiciones de orden público o de interés social, el juzgador de amparo podrá conceder la suspensión a espera de que existan esas causales en forma fundada y motivada”, señaló el abogado Jesús Matías Hernández.
Expuso que, esta iniciativa surge a raíz de las suspensiones por amparos que se concedieron derivado de los grandes proyectos que realizó el Gobierno Federal durante el actual sexenio.
Lo que sucedió en los amparos que se promovieron contra las obras faraónicas del sexenio actual como el tren maya, el aeropuerto internacional, la refinería de Dos Bocas, entre otras, ya no quieren que se repita porque fueron suspendidas precisamente por afectar los intereses de la ciudadanía”.
De esta manera, el abogado señaló que con la reforma pretenden quitarle el último párrafo del artículo 129, para que los jueces queden maniatados y ya no puedan suspenden algún tipo de acto reclamado, tratándose de actos que afecten el orden público y de interés social, por eso consideramos que básicamente está destinado para los megaproyectos del gobierno porque ya no quieren modificaciones o retrasos en ellas”.
Matías Hernández, detalló que, de aprobarse esta reforma, también se deja a la ciudadanía sin el derecho de conocer a fondo los proyectos sobre sus costos y alcances, “cuando se trate en materia ambiental se destruirán el entorno territorial y ambiental, no van a poder ampararse, por más benéfica que sea ya no van a quedar sujeta al escrutinio constitucional del amparo”.
Lo que están haciendo en un futuro, en el próximo sexenio, es blindar todas las obras que vayan a proyectarse por parte de la persona que vaya a ocupar la presidencia de la República porque el principal obstáculo del presidente Andrés Manuel López Obrador, no fue más que las suspensiones con los amparos, por eso se enemistó con el Poder Judicial porque los jueces le bloquearon en estas obras”, apuntó.
