Comunidades y organizaciones antimineras exigieron a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la cancelación de las concesiones mineras emitidas en territorios de ejidos y comunidades de Tlacolula, Ocotlán y Ejutla.
Tras denunciar las prácticas extractivista de apropiación de “nuestras prácticas culturales ancestrales que se han sido folclorisadas y despojadas de todo sentido colectivo”, exigieron respeto al derecho a la libre determinación de los pueblos y comunidades que a través de sus instancias de toma de decisiones internas ya han dicho no a la minería.
“Exigimos a la Semarnat la no autorización de la solicitud de los estudios de Manifestación de Impacto Ambiental del Proyecto San José del Progreso II. Castigo a los responsables de la contaminación del Rio Coyote, en Magdalena Ocotlán y la muerte masiva de los peces en la comunidad de San José del Progreso, Ocotlán”, dijo Miguel Ángel Mijangos Leal, integrante de la Red de Defensoras y Defensores Comunitarios de los Pueblos de Oaxaca.
Insistió en el castigo a todos los autores materiales e intelectuales de los asesinatos de los defensores y defensoras comunitarias que les han arrebatado la vida en la defensa del territorio.
La minería en Oaxaca no solo está afectando el medio ambiente con la extracción de los minerales, sino también afecta toda la vida de la comunidad generando división y confrontación de las comunidades, asesinatos de defensores, y modificando nuestra identidad, agregó.
El modelo extractivo y económico del gobierno federal, sus concesiones y proyectos mineros es la principal amenaza para los pueblos porque se imponen violentamente, despojando de las riquezas mineras, culturales, espirituales y organizativas que le dan sentido de pertenencia a nuestra madre tierra, subrayó.
