Marco Antonio Vignola Conde, juez tercero de distrito en Oaxaca aseguró que la propuesta presidencial de reforma al Poder Judicial puede generar severas complicaciones a la división de poderes en un futuro próximo.
En entrevista, luego de participar en diversas actividades de concientización a la ciudadanía sobre las implicaciones negativas de la iniciativa del mandatario Andrés Manuel López Obrador, expuso sus diversos puntos de vista ante la inminente violación de derechos humanos.
Y es que la reforma judicial propone la elección popular de todas las personas juezas y magistradas del Poder Judicial de la Federación y así, se cambiaría de un modelo basado en exámenes profesionales a un sistema de votación.
De igual manera, los y las ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), actualmente nombradas con participación del Ejecutivo federal y del Senado, también serían electas por voto popular, así como las personas magistradas electorales.
Según las propuestas, la reforma contempla replicar el mismo modelo en los 32 estados de la República, cuyo sistema de elección popular de autoridades judiciales de todos los niveles – advierten – no tiene antecedente.
Vignola Conde se mostró en contra de la desaparición de la Carrera Judicial, dado que a lo largo de 24 años le ha costado prepararse para poder ascender en los distintos cargos y no ha sido por prebendas políticas.
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Incluso calificó sin sentido el que jóvenes egresados de las universidades del país puedan ocupar cargos de jueces o magistrados, debido a que se carece de experiencia, falta de conocimientos y falta de especialización.
Consideró también que la presidenta electa Claudia Sheinbaum Pardo carece de información fidedigna, toda vez que aún y cuando se encuentran en paro de labores, en la realidad siguen atendiendo casos de diversas personas.
Los casos que vamos a resolver como jueces, no los elijo yo, no se puede hablar de una justicia selectiva, eso no es verdad, hay opiniones erróneas y apreciaciones equivocas, al hablar de corrupción no se puede generalizar”, dijo.
Sin embargo, podemos decir que sí se requiere una reforma al Poder Judicial, pero no en los términos que se plantean, porque se quiere quitar la carrera judicial, y explorar con un dudoso voto popular, reiteró.
Otra tiene que ver con el Consejo de la Judicatura Federal, misma que no debe depender del PJF, además de que no apoyamos la elección por voto popular a los jueces y magistrados, debido a que no es el mecanismo más idóneo y tampoco garantiza cero corrupción y eficacia”, explicó.
En opinión de organismos de la sociedad civil, el problema de la reforma judicial no radica en que la elección popular de jueces y juezas otorgue ‘demasiado’ poder a la población”, pues el problema, por el contrario, es que la elección popular de autoridades judiciales, filtrada por intereses políticos y las fallas ya mencionadas, debilitaría la protección de los derechos humanos y la seguridad, dejando a las personas expuestas a la impunidad y el abuso.
Por lo cual, México merece un poder judicial independiente, comprometido con los derechos humanos, así como un sistema de procuración de justicia con una mayor capacidad para esclarecer delitos y perseguir a quienes los cometen, basándose en pruebas sólidas.
A su parecer de las Ong, la reforma al Poder Judicial actualmente propuesta está lejos de avanzar hacia esos objetivos, imprescindibles para garantizar el acceso a la justicia en el país.
