A escasos siete meses del arranque de la administración federal (2018-2024), la política de austeridad y reordenamiento administrativo aplicado en Oaxaca ha generado una amplia inconformidad por los despidos de personal de confianza y la parálisis en la aplicación de recursos.
De acuerdo con ex empleados, de enero a la fecha al menos 250 trabajadores de dependencias federales han sido dados de baja, principalmente en dependencias como las secretarías de Agricultura y Desarrollo Agropecuario, Bienestar, la Comisión Nacional Forestal, la Comisión Nacional del Agua, Caminos y Puentes Federales, el Consejo Nacional de Fomento Educativo y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Para el investigador de la UABJO, Carlos Sorroza Polo, la Cuarta Transformación en lugar de aplicar una política de ahorro con bisturí, prácticamente dio un machetazo, “pues las cosas las han hecho con improvisación y sin resultados palpables”.
Y pone de ejemplo al sector salud, en donde las manifestaciones por falta de medicamentos son constantes y han evidenciado las precarias condiciones en clínicas y hospitales.
“En algunos espacios hasta parece competencia para ver quién despide más gente, ahí está el sector de la cultura, el sector agropecuario en donde no hay personal, no se digan otras dependencias como Conafor, Conagua e incluso Bienestar”, destaca.
No obstante advierte el riesgo de que para el final del año existan severos subejercicios de los recursos públicos federales, dado que no se está aplicando el presupuesto y eso genera incertidumbre.
Considera que la reingeniería en la administración pública ordenada por el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador para abatir rezagos, eliminar gastos superfluos, mejorar la inversión y terminar con la corrupción será un proyecto que tardará más de un año, dado el tamaño del sector público.
Sorroza Polo admite que las protestas por los supuestos ahorros en la administración pública federal, que se han traducido en despidos –masivos– van creciendo y el estado no ha quedado exento, dado que se han generado diversas manifestaciones de inconformidad.
Apunta que si la Federación descuida el proceso de ajuste en el gasto público, podría llegar a fin de año con un amplio subejercicio, debido a que no parecen tener claro cómo y dónde aplicar los recursos.
Al menos 250 trabajadores perdieron el empleo
Tan solo de enero a junio, al menos 35 trabajadores de confianza han sido despedidos de la delegación estatal de la Conafor, sin pagarles la indemnización correspondiente.
Ex empleados consultados relataron que a través de una llamada telefónica les fue notificada la determinación desde las oficinas centrales, como parte de la ley de austeridad impulsada por la Cuarta Transformación.
“No queremos dinero regalado, sino una indemnización conforme a la ley, porque son muchos años de prestación de servicios profesionales y en otros casos Servicio Profesional de Carrera que no fue respetado, somos más de 35 despedidos y con impacto económico en la familia”, dice Humberto, ex empleado federal.
Y como relata, su preocupación no es menor, pues es el principal sostén económico de su familia, conformada por cuatro personas -su esposa y dos hijos en edad escolar-, “voy a buscarle en la iniciativa privada aunque el pago es de 2 mil 500 quincenales, no hay otra opción, por eso demandamos nuestra indemnización justa”, señala.
Éste es apenas uno de los muchos casos de despidos injustificados registrados desde el arranque de la nueva administración federal y que también ha pegado en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), donde unos 10 empleados fueron despedidos.
En la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) 120 personas se quedaron sin empleo, mientras que en la Conagua a 13 hombres y mujeres se les dio por concluida su relación laboral.
También el apretón del gasto llegó a Conafe, donde 29 trabajadores fueron despedidos y en la Secretaría de Bienestar unos 53 cerraron su ciclo laboral.
En Capufe prevalece la incertidumbre para 60 empleados, toda vez que aún no les notificaban sobre los despidos y proceso de indemnización, ante el cierre de una de sus oficinas en Oaxaca.
A través de una carta enviada al presidente, personal despedido de la Sader reveló que a nivel nacional fueron más de mil 500 personas a las que se exigió su renuncia, “somos enlaces, jefes de departamento y subdirectores de área, con más de 50 años de edad y 20 años de experiencia, dándonos una indemnización parcial con un reconocimiento de antigüedad basado en la permanencia en el Servicio Profesional de Carrera, no en el tiempo efectivamente laborado en la dependencia”, señaló otro de los afectados. Reiteran que al suprimir a toda esta estructura intermedia se afecta en su mayoría a personas que no ganaban ni 10 mil pesos mensuales, “somos profesionales de la administración pública, en su gran mayoría, ni siquiera pertenecemos a algún partido político, hoy nos dicen que tenemos que desocupar las plazas para que ingrese la nómina de los servidores de la nación”, acusa.
A dieta pone la 4T a “elefante reumático”
Para la delegada estatal de programas para el Desarrollo en Oaxaca, Nancy Ortiz, la reestructuración que se ha hecho en el gobierno federal y la austeridad ha generado recortes, incluso del Servicio Profesional de Carrera, “no es para meter a recomendados, al amigo o compadre, sino es tema de austeridad”.
Anotó que la instrucción presidencial es que “trabajemos con el personal de base, hacer esfuerzos con los de honorarios y sacar el trabajo; se ha prescindido de mandos medios y otros de confianza”.
Nosotros, agregó, “tenemos una base de servidores de la nación y con ellos se ha dado salida a los programas sociales, ya vamos siete meses y le hemos dado salida sin ningún problema”, expuso Ortiz Cabrera.
“(A los despedidos), sí se les ha pedido la renuncia porque dentro de la nueva estructura ya no hay mandos altos, medios y continuaremos con los ajustes basados en la austeridad, pero sobre todo entregar resultados”, enfatizó.
Tan solo de la ahora Secretaría de Bienestar, antes Sedesol, se han dado de baja desde enero a por lo menos 50 empleados de confianza y otros cuatro de estructura, lo cual generó molestia entre la base trabajadora.
Sobre el mismo tema, el director general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), León Jorge Castaños Martínez, en gira por la capital del estado reveló que cerca del 67% de la plantilla de personal de confianza ha sido dado de baja por motivos de austeridad.
“Aclaremos que no son despidos, sino terminación de contratos de personal eventual en las gerencias estatales y es un mandato de gobierno por el tema de la austeridad, tenemos que hacer el esfuerzo y cumplir el reto”, sostiene.
El funcionario federal subraya que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dispone de las plazas y también de los ahorros económicos que se generan.
Tras la cancelación de contratos expone que desde oficinas centrales se diseña un plan para evitar afectaciones a la operatividad de programas fundamentales, como el de combate a incendios forestales.
“(La Ley de Austeridad) es una decisión política del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, debemos acatarla y en su momento dará resultados con el personal que contamos”, confió.
Impulsa Morena sanciones
Al mismo tiempo que el gobierno federal está reajustando su presupuesto a través de recortes presupuestales, el gasto público enfrenta también graves deficiencias en el primer semestre del año. De acuerdo con la organización México Evalúa, el subejercicio del gasto del gobierno aumentó 28% en el mes de mayo, con relación abril, pues pasó de 112 mil millones de pesos a 143 mil millones de pesos y representó el 6% del gasto aprobado.
Por su parte, el secretario de la comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), Daniel Gutiérrez Gutiérrez advierte sanciones para aquellos funcionarios que no apliquen de forma adecuada el gasto público en Oaxaca.
“Todo aquel funcionario que genere subejercicios podrá ser sometido a sanciones dado que se muestra inoperancia y en una entidad tan marginada no se puede permitir regresar dinero a la Tesorería de la Federación”, expresó.
Sostiene que sería muy lamentable que por el adelgazamiento del aparato burocrático, las dependencias federales se vean inmersas en una prolongada inoperancia y nulo ejercicio del gasto público.
Ley de Austeridad Republicana
La víspera, el pleno del Senado aprobó la Ley Federal de Austeridad Republicana, una de las principales propuestas de campaña del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.
En ella se establece la facultad de que el Poder Ejecutivo decida el destino de todos los ahorros que se generen por esta ley.
Además de cancelar las pensiones que reciben los ex presidentes, las reformas de austeridad aprobadas prohíben la contratación de seguros privados de gastos médicos, de vida, de separación individualizada o colectiva.
De igual manera prohíbe que las dependencias y los funcionarios remodelen oficinas por cuestiones estéticas y compren mobiliario de lujo; ningún funcionario podrá contar con un cuerpo de seguridad policiaco o de las fuerzas armadas, salvo que su trabajo, por razones de seguridad, lo amerite.
Otra medida avalada, consiste en que los servidores públicos que se separen de su cargo no podrán ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público, salvo que hubiesen transcurrido al menos diez años.
Establece que las dependencias y oficinas gubernamentales deben evitar el derroche en consumo de energía eléctrica, agua, servicios de telefonía fija y móvil, gasolinas e insumos financiados por el erario.
Y de igual forma, deben evitar el engrosamiento del aparato burocrático, la duplicidad de funciones y la generación de percepciones extraordinarias de sus funcionarios.
Asimismo, faculta a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de la Función Pública a emitir los lineamientos necesarios para establecer medidas de austeridad en la compra de vehículos, sistemas de cómputo y servicios generales.
La ley establece que los tres poderes de la Unión y los órganos autónomos, como el INE y la CNDH, tomarán las acciones necesarias para cumplir con la austeridad republicana cuando se les asignen recursos del Presupuesto de Egresos. A su vez, los entes públicos ajustarán sus estructuras orgánicas y ocupacionales de conformidad con los principios de racionalidad y austeridad.
