La ciudadanía requiere de información y el gobierno está obligado a proporcionársela sin más intermediación que una estrategia de accesibilidad cómoda y lo más expedita posible, estableció el periodista y profesor universitario Luis Roberto Castrillón.
Admitió que la falta de información precisa, oportuna y comprobable es un riesgo para cualquier sociedad que aspire a un desarrollo democrático y participativo.
Advirtió que es difícil avanzar como país si los datos que las personas necesitan para analizar, debatir y discutir públicamente lo que sucede en el día con día, en el quehacer del gobierno o incluso ante fenómenos naturales, fluyen de forma inconsistente o sesgada.
Entrevistado en el marco de la mesa de análisis “El Derecho de Acceso a la Información y el periodismo de investigación, promotores de la libertad de expresión y del derecho a la verdad”, dijo que “necesitamos tener mejores herramientas que nos permitan acceder a la información pública y contar con instituciones de acceso a la información pública cada vez más fuertes”.
Ahí es donde se encuentra el mayor reto, dijo, pues en los estados de la Federación siempre es un problema la adjudicación de recursos para los institutos de acceso a la información pública.
Si bien cada dependencia tiene su unidad de acceso a la información y se cumple con la ley, cuando se trata del órgano autónomo siempre hay un problema contar con los recursos suficientes.
Deploró que en el caso de Oaxaca, el Instituto no cuente con los tres comisionados que debe de contar, pues desde hace varios meses no se ha podido nombrar y esto ha originado una mayor carga de trabajo. ¿Qué está esperando el Congreso para nombrar al comisionado?
Resaltó que a nivel federal el propio presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado el trabajo del Instituto de Acceso a la Información, con lo cual se ha vulnerado.
Además de que en los presupuestos cada vez hay más recortes para los órganos autónomos y entre los que se han visto más afectados son los institutos de acceso a la información.
De ahí el gran reto para que como sociedad exijamos más recursos, no solo para su funcionamiento interno, sino para que los ciudadanos estemos auditando y llamando a cuentas a las instituciones públicas.
