Aunque la Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) inhabilitó a todo el Comité Ejecutivo Seccional (CES) 2017-2022, los señalamientos van dirigidos a los que tuvieron las principales carteras: Eloy López Hernández, Genaro Martínez Morales y José Carlos López Alonso.
López Hernández, Martínez Morales y López Alonso, como secretarios General, de Organización y Finanzas del gremio, respectivamente, durante ese lapso, fueron señalados de haber pactado con el exgobernador Alejandro Murat Hinojosa, a cambio de dinero.
De acuerdo con fuentes internas del gremio, las cuentas millonarias que manejó la dirigencia no fueron aprobadas y consistían en un recurso de 3.5 millones de pesos mensuales por cuotas sindicales.
También manejaron los recursos para préstamos del personal, el dinero que recibieron para eventos políticos, como congresos de niveles, además, por proyectos de reconstrucción del hotel magisterial y mantenimiento de su edificio sindical en el centro de la ciudad.
Son varios los señalamientos al interior de este gremio contra la dirigencia de López Hernández, comentaron algunos profesores.
Cabe mencionar que la dirigencia en turno se deslindó de las actuaciones de sus antecesores, debido a las declaraciones que en un par de ocasiones emitió el gobierno estatal actual sobre los recursos económicos que recibían del exgobernador Alejandro Murat.
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En el 2023, Salomón Jara Cruz informó que a la dirigencia magisterial le entregó la pasada administración 20 millones de pesos para la realización de la Guelaguetza Magisterial y Popular, además de 2 millones de pesos en las asambleas estatales para cooptar liderazgos.
También los señalaron de intentar quedarse con 73 millones de pesos que le fueron devueltos al sindicato, y que era el resultado de la retención del Impuesto Sobre la Renta (ISR).
Fue en el décimo segundo precongreso de la Sección 22, donde determinaron la integración de una Comisión de Honor y Justicia, así como un proceso de auditoría que determine las responsabilidades de los exdirigentes.
Derivado de todo eso, la dirigencia de la Sección 22 notificó sobre la inhabilitación temporal para más de 100 de sus agremiados que integraron el CES, así como de los organismos auxiliares que estuvieron en este periodo.
Durante este proceso, la comisión recibirá más testimonios, así como pruebas contra integrantes de ese comité.
Cabe mencionar que a la dirigencia investigada le tocó el periodo de la pandemia por Covid-19, y con eso, justificaron la poca movilización durante esos años, no obstante, fueron señalados por no convocar a paros.
En tanto, después de esta inhabilitación temporal, al interior hay descontento porque la dirigencia actual que encabeza Yenny Pérez Martínez, asume acciones que no le corresponden.
Además, atribuyen que existe violación de los derechos sindicales que tienen estos trabajadores, cuando no existen elementos de culpabilidad en todos los casos.
