Por generar instrumentos que acercan la justicia a grupos históricamente vulnerables como es la creación del Centro de Información de Justicia Indígena (CIJI), que reúne en una plataforma digital datos sobre sistemas normativos, casos, sentencias, jurisprudencias y estudios realizados en comunidades, el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, recibió un reconocimiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
En la Ciudad de México, en el marco del Seminario Buenas Prácticas de Monitoreo y Evaluación en Entidades Federativas, Municipios y Sociedad Civil 2023, el galardón fue entregado al magistrado presidente Eduardo Pinacho Sánchez.
En la ceremonia se reconoció también al Poder Ejecutivo por obtener el puntaje más alto en el índice del “Diagnóstico del Avance en Monitoreo y Evaluación de las Entidades Federativas 2023”, en materia de desempeño y uso de evaluación para medir y mejorar los resultados de las políticas públicas en materia de desarrollo social.
Ante el secretario Ejecutivo del Coneval, José Nabor Cruz, el Magistrado Presidente indicó que el CIJI es un plataforma digital creada a partir de la necesidad de visibilizar el derecho a la libre determinación y su relación con el acceso a la justicia para las personas, pueblos y comunidades indígenas desde su cosmovisión.
El proyecto es resultado del trabajo conjunto entre el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia de Oaxaca, el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social y la Dirección de Derechos Humanos del Poder Judicial del Estado.
Con el propósito de reconocer las mejores prácticas que reflejen avances en la institucionalización,
fortalecimiento o uso de los instrumentos de diseño, monitoreo y evaluación de la política de desarrollo social y la toma de decisiones, el Coneval otorga cada dos años el Reconocimiento Buenas prácticas de monitoreo y evaluación en las entidades federativas, municipios y sociedad civil, siendo el de 2023 la sexta edición.
Se postularon 65 prácticas provenientes de 19 entidades federativas, 4 de municipios y 11 de organizaciones de la sociedad civil, de entre las cuales fueron premiadas buenas prácticas de Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Querétaro, Oaxaca; el ayuntamiento de Lerma, Estado de México, la Fundación del Empresariado Chihuahuense, A.C. y el Fondo para la Paz.
