Diversas organizaciones civiles, redes y colectivos ciudadanos piden frenar la iniciativa que busca desaparecer o fusionar 18 organismos que trabajan por grupos en situación de mayor vulnerabilidad a nivel federal.
Alertaron que desde Palacio Nacional se busca disminuir recursos y capacidad institucional, debilitando la atención de menores, estudiantes indígenas, personas adultas mayores, refugiadas, con discapacidad, adolescentes y jóvenes, las lenguas indígenas, la acción contra el cambio climático, la lucha contra la corrupción, entre muchos otros.
Incluso consideraron como un retroceso democrático la iniciativa y lanzaron un llamado a impedir que prospere la iniciativa de ley enviada a la Cámara de Diputados en días pasados.
Detallaron que los organismos y entidades federales, afectadas serán el Sistema de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve), el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam).
Así como la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), el Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Instituto Nacional de la Economía Social (INAES); el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (Inali).
También la dirección General de Educación Indígena Intercultural y Bilingüe, la Secretaría del Sistema Nacional Anticorrupción, y el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, entre otros.
Las organizaciones ciudadanas consideraron que se contradice el marco Constitucional
pues se afecta el principio pro persona, el interés superior de la niñez, y la búsqueda de la Igualdad de Género, en razón de que son mujeres siempre las más afectadas en todos los grupos de población.
Explicaron que no hay ninguna clara razón presupuestal o programática que permita justificar dicho recorte institucional y por el contrario, estos organismos deben ser fortalecidos porque son responsables de poblaciones y de temas ampliamente vulnerados, y, por ningún motivo, deben fusionarse ni desaparecer.
Ello vulnera la autonomía e independencia con el que cuentan, debilita su capacidad de atención a los grupos sociales más vulnerables, y se disminuye la transparencia y la rendición de cuentas en distintos niveles, señalaron en un comunicado.
La propuesta, argumentaron, representa un retroceso en la capacidad de resolución pública de graves problemas sociales, porque todas estas instituciones y organismos tienen como mandato legal los derechos humanos de sectores muy amplios de la población, añadieron.
