Para contar con más recursos que permitan disminuir la pobreza, México debe transitar a un esquema en el que tanto los partidos políticos y los candidatos sin partido sean realmente independientes, iniciando por renunciar a los recursos públicos para el financiamiento de campañas electorales, señaló Salomón NahmadSitton, consejero académico del Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval).
El Instituto Nacional Electoral (INE) presupuestó que las elecciones de 2018 sean las más caras de la historia de México, entregando a los nueve partidos que contenderán por cargos federales, 2 mil 148 millones de pesos, recursos que de acuerdo con el antropólogo podrían ser utilizados para mejorar los programas de desarrollo social.
A los recursos oficiales para campañas, agrega, se suman aquellos que son desviados de programas asistencialistas.
“Los políticos, los partidos utilizan los recursos que son para el desarrollo social en actividades políticas y no para que la gente mejore su nivel de vida, o condicionan el mejoramiento de las familias a cambio de la participación política, se necesita un acuerdo al más alto nivel para prohibir eso, el INE no lo ha logrado”, aseguró.
Para Nahmad, investigador del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), esta situación puede evitarse impidiendo que los partidos continúen recibiendo recursos del presupuesto público.
“Los partidos políticos ya son grandecitos para conseguir sus propios recursos, pero ninguno quiere apoquinar con un peso, el PRI tiene 70 años, tiene un sistema de cuotas sindicales de la CTM, de otras organizaciones y debería sostenerse solo, pero siguen recargando las campañas sobre el dinero social, que es escaso. Si tuviéramos suficiente para el desarrollo social el país sería muy diferente”.
Dispersión y objetivos poco claros
Además de la falta de recursos, los programas sociales se han caracterizado también por su dispersión y la falta de objetivos pertinentes.
Nahmad, ex director del Instituto Nacional Indigenista, subrayó que la política de atención a comunidades marginadas ha fracasado porque hay más de 10 dependencias involucradas en tareas sin articulación. Con recursos de desarrollo social se paga desde asociaciones civiles hasta ferias de artesanías y programas de salud.
Desde su perspectiva, las secretarías de desarrollo social federal y estatal debieran ser las instancias articuladoras de estas políticas, coordinando desde trabajadores de salud, hasta los propios maestros, que históricamente han tenido un papel relevante en el desarrollo de programas sociales.
