A más de un año de que la diputada Liz Arroyo presentara la propuesta de exhorto a las autoridades de seguridad pública e impartición de justicia para implementar un protocolo de protección a periodistas, esta se mantiene en la congeladora, luego de que fuera turnado para su estudio y dictamen a la Comisión Permanente de Seguridad y Protección Ciudadana.
En esta propuesta, la diputada consideró instruir a la Secretaría de Gobierno y a la Secretaría de Seguridad Pública establecer de manera conjunta con la Fiscalía General la implementación de un protocolo de protección a periodistas, que garantice los derechos de libertad de expresión y prensa, ante el aumento de crímenes a este sector de la sociedad oaxaqueña.
En la exposición de motivos, la legisladora dijo que de acuerdo a la Relatoría Especial sobre la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión de la ONU, un ataque contra un periodista es “un atentado contra los principios de transparencia y rendición de cuentas, así como contra el derecho a tener opiniones y participar en debates públicos que son esenciales en una democracia”.
La violencia contra periodistas es una constante, siendo que la UNESCO creó el Plan de acción de las Nacionales Unidas sobre la seguridad de los periodistas y la cuestión de la impunidad”.
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Expuso que el estado de Oaxaca tiene un gran problema de inseguridad, de manera específica contra los periodistas. “Una de las grandes demandas de la ciudadanía oaxaqueña es la seguridad y la impartición de justicia, ante ello el Gobierno de Estado debe implementar mecanismos que garanticen el libre ejercicio de la libertad de expresión.
Señaló que le periodismo se ha convertido en una actividad de alto riesgo, pues simplemente no se otorgan las garantías para su seguridad, encontrándose este sector vulnerable ante el riesgo de sufrir un atentado.
Consideró urgente garantizar la libertad de expresión, el trabajo periodístico resulta indispensable en un estado democrático. Se requiere una coordinación institucional entre el titular del Poder ejecutivo y la Fiscalía General del estado, para que de manera urgente se implemente un protocolo de protección que garantice el ejercicio de la libertad de expresión para los periodistas.
