Para la organización Mexicanos Primero, el paquete de proyectos de leyes en materia educativa que fueron enviados por Morena, el Verde, PES y PT a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, violan lo establecido en el artículo tercero constitucional.
Jennifer O’Donoghue, directora de la organización, considera apremiante la discusión y aprobación en los próximos días, pues el 12 de septiembre vence el plazo marcado y las iniciativas de la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (LGSCMM) y de la Ley para la Mejora Continua de la Educación (LMCE) presentadas el miércoles 28 de agosto, y que se suman a la iniciativa para la Ley General de Educación (LGE) presentada en julio.
En caso de aprobarse sin modificaciones, violarán lo estipulado por el propio Poder Legislativo en el artículo tercero, debido a que atentan contra el derecho a aprender de niñas, niños, jóvenes (NNJ) y sus maestros, advierte en un comunicado.
Respecto a los Derechos Profesionales Docentes, añade que es insuficiente el tratamiento de la evaluación diagnóstica en las iniciativas, ni se mandata en ellas el acompañamiento docente para garantizar a cada maestro una trayectoria profesional orientada al ejercicio pleno de su derecho a aprender y, en consecuencia, el de sus estudiantes.
Las leyes también son ambiguas, con una tendencia centralizadora que traslada en exceso atribuciones a la autoridad federal y debilita a las autoridades locales, a la recién creada Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación, así como los consejos de participación social, con omisiones e incongruencias con respecto de lo que mandata la Constitución, expone O’Donoghue.
A pesar de que la Carta Magna precisa que la reglamentación de los procesos de selección, para la admisión, promoción y reconocimiento en el Sistema para la Carrera de Maestras y Maestros, es una facultad exclusiva del Congreso de la Unión, justamente la iniciativa de Morena y sus aliados deja el proceso de admisión, sin normas específicas y delega indebidamente dicha facultad para que quede al arbitrio de la Secretaría de Educación Pública, reclama.
Incluso expone que se da preferencia en los procesos de admisión a egresados de las escuelas normales públicas y de las unidades de la Universidad Pedagógica Nacional, violando con ello, en caso de aprobarse, la garantía de igualdad de condiciones para todos los participantes que establece el artículo tercero.
Sostiene que contradiciendo al criterio de imparcialidad establecido en la Constitución, se da la posibilidad a las autoridades educativas locales y a las representaciones sindicales de opinar sobre los resultados de los procesos de selección, abriendo la posibilidad de que se cambie el orden de los candidatos con base en estos comentarios, y no por los criterios que son garantía constitucional del aprendizaje de los alumnos.
Cambiar la Constitución no es equivalente en automático a progresar en la garantía del derecho, cierra Mexicanos Primero.
