La reforma al Poder Judicial ha generado diversos puntos de vista por parte de actores del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y también de la oposición, mismos que no encuentran puntos de encuentro.
Para Carol Antonio Altamirano, legislador federal por Morena, el diagnóstico es claro, la sociedad percibe que la impartición de justicia no es ágil, ni accesible en México.
En entrevista, añade que tiene que ser comprensible para la mayoría de la población y debe adecuarse al mandato ciudadano expresado en las urnas que exige un sistema de justicia austero, eficaz, imparcial y de vocación democrática.
Subraya que los diputados de Morena tendrán que cumplir con la reforma al Poder Judicial, al ser un mandato popular expresado en las urnas y lo harán en un proceso de diálogo que no ha terminado.
Debo decir que nosotros somos una mayoría distinta a la que ejerció el PRI y el PAN en el pasado, se vivieron durante décadas la intolerancia y la ausencia de debates constructivos en el viejo régimen”, recuerda.
Antonio Altamirano enfatiza que con la propuesta de reforma al Poder Judicial no se afectará ningún derecho de los trabajadores, aunado a que el voto popular se hará de manera escalonada.
También, dice, con la reforma se creará un órgano que vigilará la conducta de cada juez como una forma de erradicar la corrupción en el Poder Judicial, y de paso se terminarán las pensiones vitalicias y salarios por encima del Presidente de la República.
A su vez, el secretario general de Acción Nacional, Sotero Santiago, indica que se debe rechazar la reforma al Poder Judicial, principalmente lo relativo al método de elección de ministras y ministros, toda vez que se podría politizar la justicia, además de que los jueces deben ser autónomos, no comprometer su independencia y capacidad técnica.
Tenemos que hablar de una reforma que le ayude a la gente y sobre todo, cómo hacerla más accesible, verdaderamente gratuita, porque no lo es; cómo hacemos que sea expedita, cómo hacemos que la justicia sea más justa”, añade.
El panista muestra escepticismo sobre si los foros serán productivos o simplemente una manera de retrasar decisiones sin realizar cambios sustanciales a las propuestas del ejecutivo federal.
