La Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) urgió a las autoridades competentes revisar los casos de personas privadas de su libertad en riesgo de vulnerabilidad por coronavirus y brindarles el beneficio de la preliberación.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) realizada en 2016, el 60% de la población penitenciaria tenía entre 18 y 39 años de edad.
El informe resalta que el 77.9% de los reclusos en el Estado compartió su celda con una y hasta cinco personas, mientras que el 71.9% recibió servicios médicos, además de que el 63% recibió visitas de familiares y amigos.
Aunado a que un 54% de la población privada de su libertad que se encuentra en proceso de ser sentenciada, ha permanecido recluida en al menos un centro de reclusión durante más de dos años.
El Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistemas Penitenciarios Estatales efectuado por el Inegi y publicado en 2019, reportó que el 52.2% de la población privada de su libertad no cuenta con una sentencia.
El Inegi reporta la existencia de 3 mil 187 personas privadas de la libertad en los centros de reclusión.
Mientras que el Diagnóstico de Supervisión Penitenciaria 2019 elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) identificó que las penitenciarías de Santa María Ixcotel y Tehuantepec, el Femenil de Tanivet y el de Miahuatlán, tenían retos importantes en materia de servicios de salud.
El presidente de la DDHPO, Bernardo Rodríguez Alamilla, consideró importante que las autoridades administrativas y jurisdiccionales como entes garantes de los derechos humanos de las personas privadas de su libertad, garanticen condiciones que hagan favorables el derecho a la vida, a la integridad personal y a la salud.
En un comunicado, lanzó un llamado respetuoso al Poder Judicial del Estado para que atienda el rezago en la emisión de sentencias y su deber de garantizar una justicia pronta y expedita.
