Ante los rezagos en el andamiaje jurídico y legal que existe en el estado, es necesario que la nueva legislatura atienda las exigencias y demandas de la ciudadanía, se comprometa con la rendición de cuentas y con la transparencia, señalaron representantes del sector empresarial.
“Los oaxaqueños esperan que exista un mayor compromiso de los representantes populares, pues resulta muy lamentable que no se atiendan sus planteamientos de carácter legislativo”, destacó Antonio Hernández, Vicepresidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra).
Resaltó que en Oaxaca se necesita equilibrar los derechos de todos los integrantes del tejido social, construir consensos y medidas de solución a los problemas que vive el estado, bajo un clima de madurez y civilidad política entre el Gobierno y los diversos actores sociales.
“Deben contribuir a recuperar de una vez por todas el estado de derecho, libertad, paz, seguridad y armonía, además de consolidar nuestras leyes para la aplicación estricta de la ley para desterrar cualquier acto de impunidad”, indicó.
“Así como fortalecer las medidas que ayuden a castigar a quienes abusan de sus atribuciones como servidores públicos, malversar recursos o se enriquecen a su amparo. Y ahondar en una cultura de transparencia y rendición de cuentas que debe pasar irremediablemente por la ética y moral de quienes ejercen cargos públicos”, afirmó.
En tanto, Antonio Jiménez Perlazca, expresidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), dijo que uno de los objetivos de los integrantes de la 64 Legislatura local debe ser no tolerar desvíos de recursos y conductas indebidas de los servidores públicos, pues aún falta mucho por hacer, pues las cifras así lo revelan.
“Debido a que la ciudadanía está cansada de seguir siendo rehén de organizaciones y grupos de presión que han encontrado en la violencia su forma de operar para presionar y obtener sus pretensiones políticas económicas, debe existir el firme compromiso de no ceder al chantaje mucho menos a la impunidad”, destacó.
“Deben contribuir con sus acciones a no poner en riesgo la paz pública, los servicios básicos, ni las actividades productivas de fuerte repercusión en la economía y bienestar de la sociedad, así como restaurar la confianza en las leyes y las instituciones”, subrayó.
