Luego de la difusión de un video de una presunta boda entre adolescentes de San Juanito Yosocani, de San Lorenzo, Oaxaca, integrantes del Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) pidieron a las autoridades investigar los hechos desde un enfoque de protección integral de los derechos de la niñez.
La asociación expresó su preocupación por esta práctica, “en un entorno que refuerza roles de género adultizados, con el consumo de bebidas alcohólicas de niños y que agrava la preocupación sobre la normalización de prácticas nocivas hacia la niñez”.
Ante ello, pidieron implementar acciones estructurales y comunitarias que no solo sancionen, sino que transformen las causas profundas de estas prácticas, con la participación activa de niñas, niños, adolescentes, liderazgos comunitarios y organizaciones sociales.
También recomendaron activar un plan de acción estatal interinstitucional urgente con enfoque de derechos humanos e interculturalidad, bajo el compromiso real de las instituciones con obligatoriedad como el Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes de Estado de Oaxaca, secretarías de Gobierno, Salud, Bienestar, Educación Pública, de la Mujer y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.
Recordaron que desde 2019, el matrimonio infantil está prohibido en todo México sin excepciones y armonizado en el Código Civil de Oaxaca (reformas de 2023) y la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes establecen que toda persona menor de 18 años tiene derecho a un desarrollo libre de violencia, y que las autoridades están obligadas a prevenir y erradicar prácticas nocivas como las uniones infantiles.
La presunta boda en San Juanito Yosocani, expusieron, “genera presión social para que niñas, niños y adolescentes asuman roles y responsabilidades adultas que no corresponden a su etapa de vida”.
“Particularmente en el caso de las niñas, se promueve la idea de que deben convertirse en esposas y madres desde edades tempranas, lo que no solo pone en riesgo su salud física y emocional, sino que además restringe su autonomía y su derecho a decidir sobre su futuro”.