Autoridades de la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), la Fiscalía General y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, firmaron ayer el Acuerdo para el reconocimiento y la protección de las personas defensoras de Derechos Humanos en la entidad.
En esta firma también participaron representantes de la Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos y del Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha, A.C., en las instalaciones de la Universidad Vasconcelos.
En este encuentro, la titular de la DDHPO, Elizabeth Lara Rodríguez, expuso la necesaria participación de la sociedad civil organizada, para avanzar en la consolidación de un estado democrático.
Con este acuerdo, dijo, se reafirma la obligación de proteger a las personas defensoras y el respeto a sus derechos humanos, además de trabajar en acciones conjuntas en beneficio de las mismas.
En su intervención, Bernardo Rodríguez Alamilla, fiscal General de Oaxaca, confió en que este acuerdo no solo quede en la firma sino en la mejora constante de las condiciones de las personas defensoras de Derechos Humanos.
Cualquier país que se asuma como democrático y no proteja a las personas defensoras está siendo incongruente”, expuso el fiscal; recordó que en los últimos cinco años este organismo cuenta con 53 carpetas de investigación por agresión a este sector de la población.
Al señalar que este Acuerdo representa un instrumento que permite establecer compromisos, el Fiscal aplaudió la incorporación de la Secretaría de seguridad y Protección Ciudadana como un eslabón en la defensa de la protección de personas defensoras.
Mientras, la representante del Comité de defensa integral de Derechos Humanos Gobixha A. C.,
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Sara Méndez, explicó que este acuerdo se puso en marcha ante un alto índice de impunidad a este sector de la población, tanto en agresiones como en desapariciones.
En este Acuerdo, dijo, uno de los objetivos es diseñar, implementar y evaluar acciones de manera coordinada a favor del reconocimiento y protección del derecho a defender los Derechos Humanos en el estado de Oaxaca, así como favorecer su defensa y promoción.
Recordó que este acuerdo tuvo su primera etapa en el periodo 2021-2022, cuando se establecieron diversas líneas de investigación y se lograron avances como la implementación de un programa de capacitación para el reconocimiento de la labor que realizan las personas defensoras.
Expuso que entre algunos logros con las diferentes instancias participantes, está la agilización de la emisión de medidas cautelares y la publicación del protocolo de actuación ministerial para la investigación en caso de delitos cometidos en contra de personas defensoras de Derechos Humanos.
En la nueva etapa que inicia este 2023 y tiene vigencia hasta 2026, recordó que algunos de los compromisos es la implementación del recién publicado protocolo de actuación ministerial, la generación de espacios de diálogo con las personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, a fin de favorecer la vinculación con las instituciones.
Así también, se estableció la activación de mecanismos de protección de Derechos Humanos que sean de competencia de la DDHPO, cuando una o más personas defensoras se encuentren en una situación de riesgo, o en cuyo caso, ante la gravedad y urgencia de protección para evitar un daño de difícil o imposible reparación.
En este acuerdo se contó con testigos de honor de la embajada de Noruega y Alemania, así como del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional, entre otros organismos que se conectaron a distancia.
