Ciudad de México.- Pablo López Alavez, un zapoteca defensor del bosque de la Sierra Norte de Oaxaca, fue levantado un 15 de agosto durante el Gobierno de Ulises Ruiz (2004-2010) y lo encarcelaron por un presunto homicidio. Para exigir su libertad, un grupo de organizaciones sembró 144 árboles en la capital oaxaqueña y en ocho países, por el número de meses que lleva detenido arbitrariamente por luchar a favor de la vida, como determinó un grupo de Naciones Unidas.
En mayo de 2019, Ulises Ruiz fue denunciado ante la Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) por las detenciones arbitrarias, tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales cometidas por fuerzas policiacas y grupos armados ilegales durante las movilizaciones sociales de 2006 y 2007 en Oaxaca. Dos años después, la dirigencia del Partido Revolucionario Institucional (PRI) pidió su expulsión tras los ataques con armas de fuego contra la militancia en la sede de la Ciudad de México. Ahora, aspira a la Presidencia de la República por la vía “independiente”.
“Pablo está bien de salud, pero muy cansado. La cárcel es muy desgastante física y económicamente”, compartió del otro lado del teléfono Fredy García, un defensor del territorio y ex preso político durante dos años, que apenas salió hace dos meses de una prisión de Oaxaca y participó en la siembra de árboles. “Sé perfectamente lo que el compañero está sintiendo ahí encerrado en esas cuatro paredes; fui golpeado, torturado”.
La defensora de derechos humanos, Yolanda Pérez Cruz, primero pidió permiso al Cerro del Crestón, a las afueras de la ciudad de Oaxaca, para empezar a sembrar los 144 árboles, símbolo de los meses que lleva preso su esposo Pablo y símbolo de los pinos ocotes talados en el bosque de la Sierra Norte por diversas empresas madereras contra las que él luchó.
La región de la Sierra Norte, donde más del 90 por ciento se considera indígena, contribuye con el 34 por ciento de la producción forestal maderable, básicamente madera de pino. Las comunidades de Santa María Ixtepeji e Ixtlán de Juárez encabezaron la lucha desde los ochenta por la extinción de las concesiones a empresas para la explotación forestal y han recuperado el control comunal sobre sus recursos naturales, el aprovechamiento forestal sustentable y la creación de empresas ecoturísticas o carpinterías (Instituto Tecnológico de Oaxaca, 2021).
Pero hasta la fecha, es común ver camiones con troncos bajar de la sierra oaxaqueña durante las noches, sin que la autoridad ambiental estatal aplique sanciones. La plataforma Global Forest Watch documenta que de 2001 a 2021 el área total de bosque primario húmedo en Oaxaca disminuyó en 6.1 por ciento, una área clave para la filtración de agua y absorción de dióxido de carbono causante del calentamiento global.
“Nosotros por defender y levantar la voz, los gobiernos priistas nos incriminan”, dijo Yolanda, esposa de Pablo. “Doce años sigo luchando día a día, voy a seguir luchando hasta donde la tierra y el sol y la luna nos permite, voy a seguir luchando porque nosotros no estamos quitando nada a nadie, nosotros estamos viendo por la juventud que viene”.
23 DEFENSORES ASESINADOS EN OAXACA
Fue el 15 de agosto de 2010, hace 12 años, que un grupo de al menos 15 hombres vestidos de negro, encapuchados y armados detuvo a Pablo en las cercanías del Río Virgen en su comunidad, San Isidro Aloapam.
El defensor ambiental fue golpeado y amenazado junto con sus familiares, lo subieron a una camioneta en donde lo mantuvieron por varias horas incomunicado, en ningún momento las personas que lo detuvieron se identificaron ni le mostraron alguna orden de aprehensión, se leyó durante un pronunciamiento previo a la siembra de árboles en el Cerro del Crestón, Oaxaca y, a la par, en Colombia, Honduras, Canadá, Italia, España, Bélgica, Irlanda y Alemania.
“Lo señalan por un delito que jamás cometió y hay pruebas contundentes de que es inocente y no lo liberan. Es demasiado tiempo sin avances”, expuso el activista Fredy García. “Sembrar estos 144 meses es sembrar la esperanza de que pronto recupere su libertad y esté luchando a lado de todos nosotros”.
Sólo en Oaxaca, de diciembre 2018 a la fecha han sido asesinadas 23 personas defensoras de la tierra y territorio, de acuerdo con EDUCA, una organización local. De 2014 a 2017, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU ha emitido ocho opiniones sobre detenciones de personas defensoras en México y seis de ellas sobre casos de Oaxaca.
Los expertos de ese grupo detectaron un patrón de detenciones arbitrarias contra personas defensoras en Oaxaca y la particular vulnerabilidad de defensores indígenas. En el caso del zapoteca Pablo, en septiembre 2017 calificaron su detención de arbitraria y recomendaron su inmediata liberación y reparación del daño. Cinco años después, sólo se repuso su proceso y sigue preso mientras concluye la resolución jurídica.
“¡Libertad!, ¡libertad!, a los presos por luchar”, gritaron las organizaciones y comuneros durante la siembra de los 144 árboles, 144 meses que Pablo ha estado preso por defender el bosque durante la gestión de Ulises Ruiz, el hombre que quiere ser Presidente.
