Con el objetivo de contribuir al pleno ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, el Poder Judicial del Estado, en coordinación con el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), Asociación Civil, organizó la jornada de trabajo “Hacia la construcción de una agenda antirracista: Eliminando el racismo en los sistemas de justicia en México”.
Al inaugurar el encuentro, en el que participaron con sus aportaciones representantes de los poderes judiciales, fiscalías y defensorías públicas de Campeche, Oaxaca y Yucatán -entidades con la mayor población indígena y diversidad socio-cultural en el país-, el presidente de la Sala de Justicia Indígena del Tribunal Superior de Justicia del Estado, magistrado Manuel de Jesús López López destacó la importancia de la labor conjunta para visibilizar este tema y construir una nueva cultura jurídica.
Señaló que este ejercicio de análisis y discusión permite al Poder Judicial del Estado conocer la realidad actual, analizar hacia donde debe ir ahora la justicia para contribuir a la conciliación y fortalecer la perspectiva del pluralismo jurídico.
Durante la jornada de trabajo se resaltó que México es uno de los países latinoamericanos que en el tema de reconocimiento de los derechos indígenas ha avanzado sustancialmente; sin embargo, hay aspectos que no se han materializado en la vida cotidiana de las personas, pueblos y comunidades indígenas; por ello, la necesidad urgente de acortar la brecha entre lo reconocido y la realidad.
De esta manera, la construcción de una agenda antirracista en una labor de diálogo y alianzas, tiene la finalidad de ofrecer información sobre el racismo y proponer acciones con respecto a la situación que enfrentan las personas, comunidades y pueblos indígenas, para contribuir a una cultura jurídica intercultural.
En el marco de la jornada de trabajo se llevó a cabo la Conferencia magistral “Racismo judicial y los derechos de las personas, pueblos y comunidades indígenas”, a cargo del subdirector Jurídico de la Dirección de Derechos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Alonso Lara Bravo.
