El Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) halló opacidad en el 76% del presupuesto de la Administración Portuaria Integral (API) de Salina Cruz, dado que en 20% de las compras no es posible consultar el documento de cada uno de los contratos y, en conjunto representan poco más de 3 de cada 4 pesos de su gasto realizado en 5 años, entre 2018 y 2022, de acuerdo a Índice de Riesgos de Corrupción, compras públicas en México para esos años.
Según el estudio, la API de Salina Cruz gastó 10 mil 356 millones 368 mil 923 pesos en esos cinco años, ello implicaría que, por lo menos, habría falta de transparencia en la aplicación de alrededor de 7 mil 870 millones 840 mil 381 pesos. El IMCO reitera que solo 14% de las licitaciones públicas realizadas por esa instancia contaron con información de los contratos.
En la categoría de instituciones que gastaron más de tres mil millones de pesos, la institución que presentó mayor riesgo de corrupción fue Birmex con un puntaje de 70 en el IRC 2023, 26 puntos más que en la edición previa. El Puerto de Salina Cruz se ubicó en la segunda posición con una calificación de 68, lo que representa un incremento de 43 puntos. En tercer lugar, con un puntaje de 64, se ubicó la Secretaría de Marina y, en cuarto lugar, el ISSSTE y Diconsa, ambas con un puntaje de 58.
Los mayores proveedores
Destacan dos grandes “proveedores”: Eduardo Serna Robles, quien ha obtenido 5 contratos vía licitación pública por un monto de 4 mil 233 millones de pesos, para el mantenimiento de edificios portuarios, bodegas e instalaciones eléctricas, entre otros.
El otro proveedor “peso pesado” lo es Gami Ingeniería e Instalaciones, el cual obtuvo trabajo vía adjudicación directa por un monto de 4 mil 147 millones, para la conclusión del rompeolas oriente. De acuerdo con los datos relevantes del contrato, en poder de EL IMPARCIAL, la vigencia del mismo es del 21 de marzo de 2020 al 19 de marzo de 2023, por lo que presuntamente la obra ya debería de haber concluido e inaugurado.
Gami es una de las constructoras preferidas de la 4T. De acuerdo con información periodística, es una de las 5 mayores contratistas carreteras en el país. Además, construyó el segundo piso en la Ciudad de México: en mayo de 2020 obtuvo el Tramo Tres del Tren Maya y el año siguiente, en mayo de 2021, dos viaductos para conducir hacia el Aeropuerto Felipe Ángeles (AIFA), entre otros muchos.
Una consulta realizada por EL IMPARCIAL, El Mejor diario de Oaxaca, a la base de datos del Índice de Riesgos de Corrupción del IMCO, arroja que la API pactó 277 contratos; de ellos 223 se realizaron por la vía de adjudicación directa que representan un monto de 5 mil 394 millones 365 mil 590 pesos en un lustro.
Entre los contratos de adjudicación directa se encuentran rubros como la supervisión, control de obra, control de calidad para la conclusión de la escollera, conclusión del rompeolas oeste de Salina Cruz, compra de pintura para señales marítimas, reparación de daños a infraestructura de edificios ocasionados por el sismo de 2017.
Asignación directa
Los dos proveedores con los más grandes contratos por adjudicación directa están Gami Ingeniería e instalaciones, señalado arriba, y Ejido Mazahua, con mil 104 millones 560 millones de pesos.
De las adjudicaciones directas para otras empresas, también destacan múltiples estudios para pre inversiones en el puerto, el túnel de viento, preparación de alimentos, renta de equipo informático, compra de materiales para la rehabilitación de las bodegas 1 y 2; adquisición de combustibles y gasolinas, capacitación de personal para aplicar normas ISO, adquisición de uniformes, reparación de básculas entre otros múltiples rubros.
La API disparó su gasto el año pasado. De acuerdo al informe, “seis instituciones aumentaron su gasto en compras públicas, por lo que en esta edición se ubicaron en la categoría de gasto muy alto (más de 3 mil millones de pesos). Entre ellas están el Puerto de Salina Cruz y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), instituciones que en 2021 se ubicaron en la clasificación de gasto bajo”, reitera el informe.
Los “amigos” de la 4T
En 5 años, solo 19 de los 277 contratos se llevaron a concurso. Las licitaciones implicaron compras de apenas 137 millones 007 mil 475 pesos. Los dos mayores contratos obtenidos bajo concurso fueron para Gravas del Sureste, con una factura por 75 millones de pesos para la reparación de daños por el sismo de 2017 y el segundo por 19 millones 585 mil pesos, para reparar daños por asentamiento en la segunda posición del muelle.
El 27 de diciembre de 2021, el gobierno de México le otorgó un contrato por 305 millones 533 mil 006.47 pesos a la empresa Gravas del Sureste, S.A. de C.V., propiedad de la familia del empresario veracruzano Arturo Quintanilla Hayek, quien es compadre de la secretaria de Energía, Rocío Nahle, para el reforzamiento de muelles en el Puerto Comercial de Salina Cruz, Oaxaca. La información no fue desmentida.
Durante el 2022, los 16 puertos19 que componen el sistema portuario mexicano incrementaron, en promedio, siete puntos su índice de corrupción con respecto al año anterior. En particular, el puntaje promedio en competencia pasó de 54 a 67, y el de cumplimiento de la ley de 25 a 29. En contraste, hubo una reducción en el eje de transparencia de 34 a 22 puntos. Destacan los casos del puerto de Salina Cruz, que incrementó 43 puntos en el Índice, y de Mazatlán que subió 36, afirma tajante el documento.
Se dispara el gasto
El IMCO da cuenta de mayores riesgos “por ejemplo, el puerto Salina Cruz pasó de gastar 350 millones en 2021 a 5 mil 536 millones en 2022. Este incremento se debió a dos contratos: uno para dar mantenimiento a las bodegas del puerto por 4 mil 216 millones y otro para adquirir roca que se utilizó en el rompeolas por mil 104 millones de pesos”
El primer contrato fue el más grande otorgado a un proveedor clasificado como “pequeña empresa” en toda la APF en 2022: el monto es 164 mil veces más grande que el promedio de montos otorgados a empresas de ese tamaño.
La selección de este proveedor fue resultado de una licitación pública en la que participaron en total cuatro empresas. Sin embargo, como el contrato no está disponible, no pueden conocerse las razones por las que el mantenimiento de las bodegas de Salina Cruz fue tan costoso.
El segundo contrato es una adjudicación directa que fue publicada 56 días después de haber iniciado, lo que es catalogado como una publicación tardía. En 2022, el gasto de Salina Cruz en mantenimiento y obra pública detonó riesgos de corrupción en sus contrataciones. De hecho, la Auditoría Superior de la Federación programó una revisión al gasto de 2022 en inversiones físicas en el puerto, que idealmente deberá incluir el análisis de la inversión en mantenimiento de las bodegas y la obra del rompeolas”, indica.
