Una figura diseñada para utilizarse solamente en casos excepcionales para la contratación de obras o servicios, es la adjudicación directa, sin embargo, en Oaxaca las dependencias estatales y federales abusan en el uso de ella.
“Consideramos que en el plano estatal, por lo menos 30% de la obra pública en el sector gubernamental se asigna a través de la adjudicación directa y eso no genera ni competencia ni transparencia”, afirma Felipe Palacios Sibaja presidente en Oaxaca de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC).
Coincide con su líder nacional, Eduardo Ramírez Leal, quien impulsa la erradicación de la contratación de obra pública vía adjudicación directa, pues “no es transparente, no genera competencia y genera suspicacias”.
La Secretaría de la Función Pública (SFP) considera a la adjudicación directa como un procedimiento que se realiza sin puesta en concurrencia y por ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado por la dependencia o entidad.
“Como empresarios de la construcción estamos en contra de que las asignaciones se realicen bajo esa figura, pedimos que se lleve a cabo vía licitación y se cumpla con la transparencia”, explica Palacios Sibaja.
“Al abrir la licitación o invitación a empresas, las constructoras locales tenemos una mayor posibilidad de participación y se evita la asignación a foráneas, porque no se refleja en la economía local”, sostiene.
Para el presidente de la CMIC en el estado, la adjudicación directa solo beneficia a empresas que no cumplen con los trabajos para los que se les paga o fueron encomendados y mucho menos generan los empleos requeridos.
“Carecemos de información sobre la asignación de obra en Oaxaca, no hay información y se resisten a cumplir con la transparencia, desconocemos el actuar de las dependencias involucradas”, reitera.
PREVALECE OPACIDAD DE SINFRA
De acuerdo con cifras del Observatorio de la Industria de la Construcción, en el primer semestre del 2019, en el país se ejecutaron mil 310 contratos de obra pública, de los cuales solo 7% fueron adjudicados de manera directa.
Las dependencias que más incurren en dicha práctica son; la Comisión Nacional del agua (Conagua), el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
No obstante en el plano local, la Secretaría de las Infraestructuras y Ordenamiento Territorial Sustentable (Sinfra) ha evitado transparentar la asignación de obras vía adjudicación directa, así como empresas beneficiadas y montos.
Únicamente sectores como el de agua potable ha sido quien ha subido a sus portales de transparencia los contratos brindados a las empresas bajo esa figura, en algunos casos se brindan tres contratos a una misma empresa en un solo día.
Por ejemplo, para la recuperación de caudal y equipamiento electromecánico de pozos profundos en distintas zonas, los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Oaxaca (Sapao), entregaron contratos en 2019 a Ingeniería, Gestión y Valor S.A de C.V por al menos 118 mil 974 pesos.
Otra empresa que cuenta con dos contratos por 150 mil pesos cada uno para el estudio y proyecto ejecutivo para la rehabilitación del sub colector sanitario en San Felipe del Agua y Juventino Rosas.
Mientras que en el tema de vivienda se destinaron poco más de 16 millones de pesos a algunas empresas vía adjudicación directa, entre estas; Grupo Rusan prestación de servicios; Edificaciones mantenimiento y transportes, Ecoproyect, quienes debieron ejecutar obra de piso firme, techo firme, colectores sanitarios y sanitarios biodigestores.
A su vez, la Secretaría de Finanzas asignó vía adjudicación directa servicios en materia de desarrollo e implementación de un sistema de identificación, investigación y combate a las operaciones con recursos de procedencia ilícita a la empresa GPL Abogados por un monto de 34 millones 800 mil pesos.
CÁMARAS POR ELIMINACIÓN DE FIGURAS OPACAS
Sectores formales de la industria de la construcción incluso han llevado sus demandas a la comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados federal, principalmente para la eliminación de contratación vía adjudicación directa y la creación de una plataforma digital diferente a Compranet.
Por ejemplo, CMIC plantea que sea a través de una plataforma pública ciudadana, como organizaciones civiles, empresas y medios de comunicación puedan dar seguimiento al proceso de contratación, desde la invitación hasta el fallo, así como actualizaciones sobre la ejecución del presupuesto y avance de la obra.
También consideran vital identificar a participantes de los concursos, para realizar denuncias en caso de que estén relacionados con temas de corrupción, nepotismo, incumplimientos de contratos o malas prácticas.
Y piden sanciones administrativas y penales tanto a autoridades como empresas a las que se les demuestre incumplimientos de contrato, errores de cálculo, incrementos injustificados de costo durante el desarrollo de las obras.
UNA MALA PRÁCTICA RECONOCIDA POR LA SFP
Sobre el tema, la Secretaría de la Función Pública (SFP) considera la adjudicación directa como un procedimiento que se realiza sin puesta en concurrencia y por ende sin que exista competencia, adjudicándose el contrato a un proveedor que ha sido preseleccionado para tales efectos por la dependencia o entidad.
Al existir más de un solo contratista o proveedor, recomienda la utilización del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, porque éste procedimiento aprovecha parcialmente las ventajas de la competencia entre los licitantes.
Expone que por no haber competencia en la adjudicación directa ni el Estado ni la Sociedad obtienen los beneficios que generalmente derivan de aquélla, sostiene la dependencia federal.
Salvo el caso de tratarse de los supuestos en que con la investigación de mercado se encuentra acreditado que sólo existe un contratista o un proveedor en el mercado, resulta más cuestionable la transparencia de selección del contratista o proveedor, argumenta.
