El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) alertó que Jalisco registró el mayor número de agresiones letales en 2023, mientras que Oaxaca se ubica en segundo sitio en cuanto a agresiones contra defensores de derechos ambientales y de territorio.
“Hace once años, en el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) comenzamos a documentar los ataques en contra de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México”, indicó Carlos Asunsolo Morales, coordinador.
Detalló que de acuerdo al Informe 2023, en cuanto al sector de vías de comunicación, la mayoría de las agresiones tuvieron relación con los megaproyectos “Tren Maya”, “Tren Transístmico” y “Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec”.
Enfatizó que los proyectos emblema del gobierno federal de la anterior administración han sido motivo para agredir a personas defensoras del medio ambiente y el territorio en varios estados, incluido Oaxaca.
Subrayó que por tercer año consecutivo, la minería ha sido el sector de defensa ambiental más peligroso al registrar más agresiones en general, en donde las agresiones relacionadas con la minería se localizaron en su mayoría en el estado de Jalisco, las relacionadas con vías de comunicación en la Ciudad de México y Oaxaca y las relativas al sector forestal en Chihuahua.
Mientras que la entidad con mayor número de eventos de agresión fue Jalisco con 20 eventos, muy de cerca se ubicó el estado de Oaxaca con 19 y después la Ciudad de México con 12.
En conjunto, las tres entidades federativas representaron el 40.8% de los eventos de agresión en todo el país durante el 2023, precisó.
“Oaxaca, es el segundo estado con mayor número de eventos de agresión documentados con 19 casos, con el mayor número de agresiones específicas, pues se documentaron 50 agresiones hacia personas y comunidades defensoras del territorio”, apuntó.
Los sectores que más agresiones presentaron fueron el industrial, con 4 eventos de agresión y la minería con 3 y por otra parte, los tipos de agresiones más documentados fueron, 6 casos de criminalización, 5 amenazas, 5 agresiones físicas, 4 casos de intimidación y 4 de uso indebido de la fuerza.
En México, 20 personas defensoras de los derechos humanos ambientales perdieron la vida a causa de su labor durante el año 2023.
