Por segunda ocasión en el año, la comunidad zoque de Santa María Chimalapa recibió un fallo en su contra por parte del Tribunal Unitario Agrario de Tuxtepec, ahora por el conflicto agrario con el municipio de Santa María Petapa.
Por esta nueva decisión, que se suma a la que favoreció en febrero al ejido chiapaneco de Canaán, el comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa acusó de corrupción a la magistrada Juana Rebeca Cortés Muñoz, a la Procuraduría Agraria, a la Junta de Conciliación Agraria y a los gobiernos estatal y federal.
Además de que comenzó a delimitar su territorio basado en su título primordial, anterior a la reciente resolución.
A través de un comunicado, el Comisariado rechazó la decisión y la calificó como injusta. También adelantó que continuará la defensa de su territorio con todos los medios a su alcance.
En el documento, firmado por Jesús Esteva González, presidente del comisariado; Olber López López, secretario; Roselia Luis Lorenzo, tesorera, y Alejandro López Hernández, presidente del Consejo de Vigilancia, responsabilizan de cualquier represalia contra la comunidad al Gobierno del Estado, al Gobierno Federal, a la Procuraduría Agraria, Junta de Conciliación Agraria, al Tribunal Unitario Agrario y a la Cámara de Diputados del Estado, directamente al diputado Oliver López García.
QUE INCUMPLIERON CALENDARIO
De acuerdo con la autoridad agraria de Chimalapa, la magistrada señaló que no se había cumplido “en tiempo y forma con pruebas periciales”, a pesar de que los trabajos técnicos fueron certificados por un topógrafo y están en el juicio agrario 44/2023 fojas 677-706.
El Comisariado reiteró que este fallo es un acto de corrupción, ya que se contrató a un tercer perito en discordia que es ingeniero en agronomía y no en topografía. Tal perito, Rigoberto Torres González, se presenta como jefe de la Junta de Conciliación Agraria en el estado , explicó.
Apenas en abril, el Comisariado de Bienes Comunales de Santa María Chimalapa se amparó para impugnar los fallos del Tribunal Superior Agrario (TSA) en su contra, tras la solicitud que había hecho para conseguir la anulación de los ejidos chiapanecos de Canaán y Rafael Cal y Mayor, asentados en sus tierras comunales.
Con el amparo, la comunidad busca revocar la sentencia con la que el TSA ordena la expropiación de 2,651 hectáreas a favor de Canaán, a cambio de una indemnización en especie.
En tanto que en el caso del núcleo Cal y Mayor, el TSA devolvió el expediente al Tribunal Unitario Agrario en Tuxtepec para que se integre la documentación completa de la carpeta básica y se realice un peritaje topográfico del polígono de 7,400 hectáreas.
