Con más del 55% de las denuncias archivadas en la congeladora, con un número mínimo de presuntos delincuentes vinculados a proceso y con juicios interminables, el 94.2% de los crímenes denunciados en Oaxaca durante 2018 quedaron en la impunidad, de acuerdo con el informe Hallazgos 2018 de México Evalúa. Pese a que esta cifra es muy alta, la entidad es la sexta con menor porcentaje de casos sin resolver del país.
En el informe, en el que la organización analiza la situación de los sistemas de justicia penal federal y de las entidades, se señala que a nivel nacional, 96% de las denuncias realizadas ante los ministerios públicos quedan impunes.
En Oaxaca, del total de carpetas de investigación por delitos abiertas en 2018, únicamente 13.6% fueron finalizadas, poco más del 5% con la detención de un probable responsable y 2.8% con una sentencia.
“A mayor porcentaje se considera que hay una mayor impunidad, pues significa que el sistema no logró ofrecer una respuesta satisfactoria a un mayor número de los casos”, señala el documento.
El reporte da cuenta también de que en la entidad, solo alrededor del 5% de las causas penales acreditadas por el Poder Judicial inician con un detenido por parte de la Fiscalía General del Estado.
Asimismo, 10.3% de las detenciones realizadas en el estado fueron calificadas por un juez como ilegales; el promedio nacional en este reglón es de 20.2%.
La Fiscalía del Estado es además una de las cinco en las que menor porcentaje de sus investigaciones se solicitó la vinculación a proceso, con el 1.1% de los casos.
La vinculación a proceso implica la intervención del Poder Judicial luego de que la autoridad investigadora obtiene pruebas de la existencia de un delito y la probable participación de un imputado.
Consolidación del sistema de justicia penal
El reporte de México Evalúa refiere que en 2018 se observó un rezago a nivel nacional en la consolidación del sistema de justicia penal, pues ninguna de las entidades federativas logró alcanzar el estándar mínimo en la conjunción de los sistemas de seguridad pública, impartición y procuración de justicia.
Querétaro, con 625 puntos de mil posibles, fue la entidad con mayor avance en la consolidación del sistema de justicia penal, seguido de Guanajuato (584), Chihuahua (563), Baja California (538), Yucatán (513) y Nuevo León (494). En este ranking, Oaxaca ocupa la posición número 10 con 431 puntos.
Por otro lado, los estados peor evaluados en términos de sus condicionantes fueron Guerrero, Nayarit y Quintana Roo.
“Ante este escenario, se observan dos posibles salidas: echar marcha atrás y volver al sistema anterior –que probadamente no funciona– a través de una contrarreforma, o darle una oportunidad al sistema acusatorio que, aunque está muy lejos todavía de tener los resultados esperados, comienza a dar algunas señales alentadoras”.
Faltan recursos en Oaxaca
En el primer escaño del proceso de justicia, Oaxaca se encuentra en la media, con 3.3 agencias del ministerio público por cada 100 mil habitantes. Los rangos en este rubro son dispares, pues Baja California cuenta con 11.1 agencias por cada 100 mil habitantes y Veracruz con 0.3.
Respecto al personal para atender las denuncias y realizar las investigaciones, por cada 100 mil habitantes Oaxaca cuenta con 2.2 funcionarios públicos dedicados a atender o proteger a víctimas, con 3.8 peritos y 10 fiscales o agentes del ministerio público.
En número de policías o agentes ministeriales, el estado cuenta con una de las cifras más bajas del país, con 3.6 por cada 100 mil habitantes, cuando el promedio nacional se ubica en 12.
Logros en la Fiscalía
Respecto a la Fiscalía del Estado, México Evalúa reporta que aunque hay elementos estructurales indispensables operando formalmente (como la existencia de un manual de operación, un modelo de gestión de casos, mecanismos de coordinación interinstitucional e indicadores para el seguimiento, monitoreo o evaluación y una base de datos o registro de información genética), aún hay fallas en aspectos cruciales que obstaculizan un desarrollo del proceso de procuración de justicia eficaz.
Entre estas fallas se encuentra la ausencia de un sistema de registro y procesamiento de información y de un sistema de información y registro que genera información estadística. De igual forma, la Fiscalía carece de protocolos para tratamiento de restos humanos y cadáveres.
Para realizar investigaciones con mayor precisión, la Fiscalía cuenta con especialistas en arquitectura e ingeniería civil, balística, contabilidad, criminalística o criminología, genética, psicología y psiquiatría; faltando especialistas en química, tránsito terrestre y dactiloscopía.
El Poder Judicial, avances inciertos
Respecto al Poder Judicial en el sistema de justicia adversarial, el informe señala que Oaxaca es el cuarto estado con mayor número de jueces, con 1.9 por cada 100 mil habitantes; en contraparte, es la entidad 25 en cuanto a número de defensores públicos preparados en este sistema.
La tasa de jueces en Latinoamérica es de 10 por cada 100 mil habitantes, mientras que el promedio del país es de 0.9.
“Esto deja en evidencia que no se han generado avances para revertir la insuficiencia de personal, lo que repercute negativamente en el acceso a la justicia”, señala el informe.
De igual forma, el Poder Judicial del Estado es uno de los que menor número de casos ha concluido, con 13.6%; entidades como Zacatecas y Querétaro tienen porcentajes de resolución de casos de 65 y 61%, respectivamente. En el estado solo 3.3% de los casos derivaron en un juicio oral; el promedio nacional es de 4.3%.
El tablero de las denuncias
El tablero de las denuncias en el país está dividido en primera instancia en dos partes desiguales: los casos que se investigan y los que no se investigan.
Hallazgos 2018 da cuenta de que del total de delitos que fueron conocidos por las autoridades de procuración de justicia durante 2018 en México, en 96% se inició una investigación. De éstos, únicamente en el 49.6% se dio algún tipo de determinación, siendo el “archivo temporal” la figura más usada (60.5%), seguido por el “no ejercicio de la acción penal” (16.4%).
Estas estadísticas significan que en seis de cada diez crímenes denunciados estos fueron enviados a la “congeladora”, lo que significa que “se ‘guardan’ en el escritorio del Ministerio Público, quedando detenida cualquier actividad investigadora”. En Oaxaca, alrededor del 55% de las investigaciones quedaron en este archivo durante 2018 y cerca del 10% la autoridad se abstuvo de investigar.
“Del 100% de las causas penales que estuvieron en trámite en el Poder Judicial durante 2018, se finalizaron el 30.5% y sólo en el 13.6% de los casos existió alguna sentencia”.
