A pesar de que se han presentado más de mil emplazamientos a huelga en lo que va del año ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA), solo dos han estallado, destacó el presidente, Víctor Alberto Quiroz Arellanes.
Debido a las pláticas conciliatorias, se ha logrado dirimir las diferencias y encontrar acuerdos para evitar el estallamiento de huelgas, “ya que esto representa inestabilidad social como laboral”.
Los emplazamientos que estallaron fueron los del Sindicato de Trabajadores y Empleados de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca (STEUABJO) y por la construcción de una unidad deportiva en el puerto de Salina Cruz.
De ahí la preocupación permanente de procurar resolver a través de la mediación los conflictos laborales, ya que año con año van en aumento.
El titular del tribunal laboral indicó que en ese ámbito también se tiene un registro de mil 383 demandas laborales hasta el 30 de septiembre, y se han conciliado más de cuatro conflictos individuales.
“Tanto patrones como trabajadores han logrado conciliar sus diferencias sin necesidad de llegar a un juicio, lo cual ha sido posible a través del área de conciliación de la Junta”.
Por otra parte, destacó que luego de la reforma laboral se eliminarán las Juntas de Conciliación y Arbitraje y serán sustituidas por tribunales especializados pertenecientes del Poder Judicial.
Aunado a que se incorporan nuevas fracciones al artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo que prohíbe a los patrones obligar a los trabajadores por coacción o por cualquier otro medio, afiliarse o retirarse del sindicato o agrupación a que pertenezcan.
Subrayó que el Poder Judicial deberá crear los tribunales laborales mismos que conocerán de los conflictos individuales y se creará un centro federal de conflictos colectivos y orientados a los sindicatos.
Las Juntas Locales de Conciliación se convertirán en instituciones de conciliación laboral y su función se concreta a la mediación, la cual es previo a un juicio laboral, puntualizó.
De ahí que se cuente con 180 días para ajustar todas las leyes relativas en materia laboral y un máximo de dos años para que empiecen a funcionar los tribunales especializados y centro federal de conciliación.
