Para exigir la continuidad del relleno sanitario en la Villa de Zaachila, así como se considere al sector de personas recicladoras en las nuevas leyes que buscan desaparecer estos espacios, la Confederación Nacional de Industriales de Metales y Recicladores (Conimer) marchará hoy del crucero de Hacienda Blanca en la carretera 190, al zócalo citadino.
La concentración será parte de una movilización nacional que se realizará en 27 estados de manera simultánea en defensa del derecho laboral del sector.
Julio Morales Aquino, presidente de la Confederación en Oaxaca, señaló que entre las demandas que tienen se encuentra el garantizar la continuidad de este espacio de donde dependen decenas de familias.
Además de buscar el mejoramiento de las condiciones, tanto del sitio, como de las personas que actualmente desempeñan su actividad de reciclaje dentro de dicho relleno.
Para ellos, y frente a los cambios en las leyes, pidió ser incluirlos en los proyectos tecnológicos, de infraestructura, organizacionales y económicos, que tengan que ver con la recolección, el traslado, la separación y clasificación de los Residuos Sólidos Urbanos y de Manejo Especial (RSU y RME), asegurando la continuación de sus actividades en todas las etapas.
En esta ruta, consideró necesario el implementar un programa de distintivos que otorgue el gobierno estatal, previa autorización de la Conimer para identificar a las unidades vehiculares autorizadas para la recolección, transporte y traslado que sean respetadas por las autoridades estatales, municipales y locales.
El dirigente lanzó el llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a que voltee a ver la necesidad de la gente, de quienes están más vulnerables.
Y es que, consideró que es prioritario que toda la cadena productiva del reciclaje, desde la recolección, separación, transporte, acopio, y hasta la transformación en cualquier proyecto ambiental, económico, social y cultural.
Esto frente a la intención de la ley de desaparecer los rellenos, así como en la propuesta de concesionar la basura durante 30 años, además de otras leyes.
Dentro de esto, solicitaron tener acceso a servicios de educación, salud y vivienda digna, sobre todo para los recolectores.
