A unos días de concluir sus periodos correspondientes, la magistrada Alma López Vásquez y el magistrado José Luis Ríos Cruz, se han negado a ser evaluados por el Poder Legislativo para iniciar su proceso de ratificación o no a sus cargos.
El Consejero Jurídico y Asistencia Legal del gobierno estatal, Giovany Vásquez Sagrero, informó que incluso el magistrado José Luis Ríos Cruz, se escondió en los sanitarios de sus oficinas para evitar ser notificado sobre su proceso de evaluación.
Lo mismo ocurrió con la magistrada Alma López Vásquez, quien también se negó a ser notificada, por lo que representantes del Poder Legislativo, se vieron obligados acudir en diversas ocasiones hasta que fueron formalmente notificados.
Por ello, tras conocer el inicio del proceso de evaluación, los magistrados interpusieron diversas quejas, demandas y amparos para tratar de permanecer en sus puestos sin ser evaluados, sin embargo, la norma estatal señala que para ser ratificados o bien evitar su ratificación, primero deberán ser evaluados por el Poder Legislativo.
En este sentido, la diputada Lizzet Arroyo Rodríguez, presidenta de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia de la 65 Legislatura del congreso local, lamentó y reprobó la actitud de la y el magistrado.
Informó que este lunes se llevó a cabo la Sesión Ordinaria de la Comisión Permanente de Administración y Procuración de Justicia, sin embargo, y a pesar de que quedaran plenamente notificados para iniciar su proceso de ratificación o no al cargo de magistrada y magistrado, Alma López Vásquez y José Luis Ríos Cruz, decidieron no presentarse y “violar flagrantemente así la Constitución”.
El pueblo requiere de un Poder Judicial transparente y respetuoso de la legalidad, no de magistrados que vulneran la Constitución y aplican la ley a conveniencia cuando son ellos los obligados a ser ejemplo de legalidad y justicia”, afirmó.
En caso de no acudir a las evaluaciones correspondientes, el Poder Legislativo podría iniciar en los próximos días, la elaboración de las convocatorias para la renovación de las magistraturas, aunque las autoridades estatales temen que los involucrados presenten juicios de amparo para evitar que sean removidos del cargo.
