La aprobación en abril y la reciente publicación en el Diario Oficial de la Federación de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial “es un gran logro”, aunque se puede perfeccionar.
La ley no está dando a nosotros, como ciudadanos, mucha esperanzas para reducir las muertes en todo el país”, considera Esther Soto, activista y fundadora del colectivo Gabi Bici Blanca, creado en memoria de su hermana, víctima mortal de un siniestro vial en diciembre de 2020.
El pasado día martes, la ley fue publicada en el Diario Oficial y ya desde la Coalición Movilidad Segura se celebró el hecho, en tanto es una ley que “más de 70 organizaciones de la sociedad civil mexicana y especialistas impulsaron desde 2014”. Gabi Bici Blanca, que se fundó en 2020 y ha acompañado este activismo desde Oaxaca, refiere que ahora corresponde “trabajar demasiado para dar seguimiento y seguir abriendo espacios en las regulaciones estatales”.
Y es que con la publicación de la ley se “marca el inicio del plazo de 180 días establecido para la instalación del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial. Dicho sistema deberá coordinar la participación de los tres órdenes de gobierno y contar con la colaboración de la sociedad civil para construir y publicar una Estrategia nacional de movilidad y seguridad vial en 365 días”, ahonda la coalición.
Este plazo contempla la revisión de los reglamentos locales de tránsito “para limitar las velocidades permitidas en calles secundarias a 30 km/h y a 50 km/h en calles primarias de todo el país, prohibir niveles de alcohol en conductores por encima de 0.25 mg/L en aire espirado o 0.05 g/dL en sangre; el uso obligatorio de casco en usuarios y pasajeros de motocicleta y el uso obligatorio de cinturón de seguridad en todas las personas ocupantes de vehículos, así como de sillas de retención infantil para niñas y niños”, con base en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Para Soto, la ley aún se puede perfeccionar como en el tema de los vehículos asegurados, que a pesar de debatirse no se contempló como obligatorio, pero que considera necesario en tanto un seguro de auto es un respaldo ante un siniestro vial y los daños a la salud e integridad de terceros.
Como esto, la ley de tránsito estatal debe adecuarse a la nueva ley. Y lo mismo tendrían que hacerse en cada reglamento de los municipios.
La ley tiene sus espacios de oportunidad y éstos ya empezaron a salir e irán saliendo”, apunta Soto. Además de que como con las leyes o reglamentos de tránsito, otras instancias o leyes deberán ceñirse a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial. “El método de castigo o penalización ante un siniestro vial debe cambiar” de acuerdo a la Ley General de Movilidad, explica Soto.
El desarrollo de operativos de alcoholímetros permanentes para evitar con ello que conductores rebasen cierto nivel de alcohol, que abarca la nueva ley, es un planteamiento que se analiza en la ciudad de Oaxaca, en donde se presentó ante el cabildo hace unas semanas.
Seguiremos acompañando a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones, Transportes (SICT) y a la Secretaría de Economía para asegurar la instalación en tiempo y forma del Sistema Nacional de Movilidad y Seguridad Vial que deberá ser el ente coordinador del trabajo de los gobiernos estatales y municipales”, señalaron el colectivo y los demás entes que conforman la Coalición Movilidad Segura.
