Para el Comisionado del Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Joel Salas Suárez, la llamada “ley chayote”, no resuelve el problema de opacidad en la asignación de publicidad por parte del gobierno federal.
Al participar en la Jornada Anticorrupción y de Participación Ciudadana de Oaxaca, sostuvo que la recién aprobada ley de publicidad oficial, avalada por el Congreso federal, únicamente cumplió con los tiempos dictados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero no resuelve el “problema de fondo”.
Junto al periodista Juan Pérez Audelo, enfatizó que la medida tampoco acota la promoción de servidores públicos, gobiernos, partidos o personajes; “para mí lo preocupante es ver cómo algunas dependencias se excedieron en un mil por ciento en gastos de promoción”.
“Si algo buscaba en el fondo esa normatividad era que los recursos públicos en materia de publicidad oficial no fuesen utilizados para publicitar servidores públicos, gobiernos, partidos o personas, sino que se utilizaran para difundir los derechos ciudadanos”, externó.
Admitió que el INAI no puede interponer una acción de inconstitucionalidad, pero confió en que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) recurra a esta medida para evitar que la publicidad oficial siga condicionando la libertad de expresión.
Refirió que luego del amparo interpuesto por la organización “Artículo 19” por la falta de legislación en materia de publicidad oficial que quedó como un pendiente de la reforma política de 2014, la SCJN ordenó al Poder Legislativo emitir la norma a más tardar el 30 de abril.
Señaló que uno de los problemas más visibles es que la Secretaría de Gobernación (Segob), controla, administra y gestiona el padrón de medios y no queda clara la delimitación de la promoción de funcionarios públicos.
La forma en que quedó redactado el artículo cuarto de la ley, no delimita el acto de promoción de manera personal de los funcionarios públicos, por desgracia la iniciativa que se aprueba, únicamente cumplió con los tiempos, pero no resolvió de ninguna forma el problema de fondo”, dijo.
Ante ello, consideró necesario replantear la iniciativa para corregirla de tal forma que establezca candados en el gasto y la publicitación de personajes en beneficio político.
“Para tratar de controlar el fenómeno de la corrupción, es fundamental garantizar el derecho de acceso a la información”, afirmó el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Joel Salas Suárez.
En ese sentido, hoy a nadie le sorprende el que un día sí y otro también, se conozcan casos de corrupción, tanto en el ámbito local como en el nacional, esto es posible, gracias a que existe la transparencia”, señaló.
Al participar en la Jornada Anticorrupción y de Participación Ciudadana en Oaxaca, en la que se presentó el proyecto “Héroes Ciudadanos” y se impartió el Taller para Periodistas “Contando una Historia con Información Pública”, Salas Suárez, dijo, sin embargo, que al margen de la difusión de este tipo de casos, la impunidad crece.
Inequidad con medios de provincia
En su momento, el director adjunto de EL IMPARCIAL, Juan Pérez Audelo, afirmó ayer que prevalece la inequidad en la asignación de publicidad oficial para medios de comunicación del interior del país.
“Siempre se ha realizado de manera discrecional por parte de la Secretaría de Gobernación, prevaleciendo canonjías y preferencias”, enfatizó.
Para el columnista, todavía existen muchas dudas sobre la llamada Ley Chayote, aunado a que los privilegiados son los grandes consorcios televisivos, “siempre se ha otorgado de manera discrecional”.
Al participar en la Jornada de Anticorrupción y de Participación Ciudadana, Pérez Audelo enfatizó que en Oaxaca persiste la resistencia a transparentar el actuar de los funcionarios públicos.
En la jornada, efectuada en el auditorio del Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia (CECAD) de la UABJO, enfatizó que no se puede dejar de lado el acceso a la información pública.
Dijo que el acceso a la información no es una gratuita concesión por parte del gobierno, sino un derecho ciudadano, “la invitación es a consultar, a solicitar información a ejercer nuestro derecho a estar informados”.
En el encuentro también participaron, Abraham Isaac Soriano Reyes, comisionado presidente del IAIP; Marco Cancino de la organización civil Inteligencia Pública; el periodista Silber Meza, director general de “Iniciativa Sinaloa”; Ricardo Chávez Cárdenas, responsable de las licenciaturas CECAD IV; Francisco Javier Álvarez Figueroa y Juan Gómez Pérez, comisionados del IAIP,así como José David Cabrera Canales, comisionado del órgano garante de Tlaxcala, entre otros.
